Un grupo de legisladores opositores, con la diputada Patricia Bullrich a la cabeza, impulsan un proyecto para quitarle financiamiento a las barras bravas y endurecer las penas contra los dirigentes o funcionarios que los apañen.
En diálogo con Radio 2, la dirigente de Unión por Todos aseguró que "el objetivo es lograr que las barras no tengan financiamiento, que se corten las dádivas que reciben y facilitan actividades cerca o dentro de los estadios".
"Planteamos una pena elevada para las personas que sean de comisiones directivas de clubes, funcionarios públicos o candidatos registrados", sostuvo Bullrich, quien remarcó que se plantea "de uno a seis años de prisión". Y "un aumento de un tercio de pena si son funcionarios públicos o candidatos registrados".
Respecto de las dificultades para rastrear quiénes entregan fondos o favorecen actividades, la dirigente consideró que "si la Justicia y la política queremos terminar con las barras, es fácil". En este marco, pidió "una buena investigación" y consideró que debe haber "voluntad" para la puesta en marcha de la normativa. La diputada planteó que los barras se financian, entre otras cosas, "con los puestos de choripán y el estacionamiento" cerca de los estadios, beneficios "otorgados por los directivos de clubes".
Además de Bullrich, acompañaron la iniciativa los legisladores Eduardo Amadeo (Frente Peronista), Gerardo Milman (Gen), el legislador porteño Juan Pablo Arenaza (Unión Por Todos), el dirigente del Club Atlético Independiente Christian Berardinelli, y la representante de la ONG “Salvemos al Fútbol”, Mónica Nizzardo.
