“Actos fallidos”. Así definió la jueza Alejandra Rodenas, los pasos en falso o al menos dudosos de la primera etapa de la investigación del crimen del supuesto ex jefe narco Luis Medina y su novia, que incluyeron un peritaje suspendido por ella misma sobre una computadora en una oficina del gobierno provincial y el intento finalmente no concretado de tres policías de la División Judiciales de la Unidad Regional II de ingresar a la casa de Medina en un country de Pilar sin conocimiento de la magistrada de la causa.

A ambos temas se refirió Rodenas en conferencia de prensa y quedó claro que para ella no están aclarados. Sobre la acción de los policías –que no llegaron a la casa de Medina por la rápida acción de la Justicia y la policía bonaerense– fue contundente: dijo que la situación le genera “muchas sospechas” porque invocaron una orden suya que nunca existió.

Los tres policías, que fueron pasados a disponibilidad, declararon ante ella dos días después y aseguraron haber ido a Pilar debido a un pedido de colaboración de la Brigada de Homicidios y a partir de una orden de su jefe, el comisario Cristian Romero. “Las excusas no me satisfacen”, sostuvo la jueza, quien consideró que en realidad “escondían los verdaderos propósitos” de la incursión.

Además, explicó que no pudo definir cómo fue “la cadena de órdenes” porque cuando citó a Romero se encontró con que había salido de licencia desde el 8 de enero al 5 de febrero. Quedó citado para el día siguiente a su regreso.

La magistrada dijo que le sorprende que “ante tamaño hecho (ocurrido el sábado 4), tamaña audacia” de los efectivos a su cargo que fueron al country sin orden de allanamiento, Romero no se haya presentado espontáneamente a declarar.

Para Rodenas, todo lo que pasó aquel sábado con los efectivos de Judiciales en Pilar es “una irregularidad muy grave” porque ya había otra área de la policía, las TOE (Tropa de Operaciones Especiales), “preparando un allanamiento regular”.

Justamente, de acuerdo a lo dicho por Rodenas en la conferencia de prensa que dio en su despacho, integrantes de las TOE, que hacían inteligencia en Pilar, advirtieron la irregularidad que estaba ocurriendo y dieron el aviso que luego permitió desbaratarlo, a partir de los cruces de llamados entre funcionarios judiciales de San Isidro con la propia jueza rosarina.

La magistrada se preocupó en aclarar que toda la documentación, secuestrada en los allanamientos regulares que se hicieron a la casa de Medina y de un supuesto socio al día siguiente de ese sábado agitado –14 celulares y 7 computadoras–, quedó debidamente preservada y ahora está en Gendarmería para ser peritada.

En cuanto a la computadora, Rodenas despejó una cuestión –dijo que fue la jueza Raquel Cosgaya, quien intervino antes que ella en el expediente y dio la orden de que se trasladara a la Secretaría de Informática del gobierno provincial en Santa Fe–, pero dejó planteadas dudas sobre otra –confirmó que dos funcionarios de esa secretaría dependiente del Ministerio de Gobierno ya estaban intentando desbloquear la Mac antes de que existiera la orden judicial–.

La secuencia, de acuerdo a lo que explicó Rodenas, fue así: una vez secuestrada de la habitación que Medina ocupaba en el Hotel Pullman, la Mac fue llevada a Pericias Informáticas de la policía. En esa oficina se hizo presente luego la fiscal María Iribarren, que se encontró con que ya estaban en el lugar dos funcionarios del Ejecutivo, enviados por el ministro de Seguridad Raúl Lamberto en colaboración, “intentando abrir la computadora”.

Ante esta situación, la fiscal Iribarren solicitó que le pidieran autorización a la jueza Cosgaya, que a través de su secretario dio la orden de seguir adelante con la pericia y luego avaló el traslado a Santa Fe.

“Son criterios judiciales de evaluación de la prueba; lo que me resulta inusual es que hubiera dos funcionarios provinciales en el lugar antes de que la jueza diera la orden”, marcó Rodenas.

“No es irregular, sí inusual”, definió la magistrada sobre el asunto. Y explicó que ella decidió, apenas se hizo cargo de la causa, que ese material volviera a Rosario y más tarde que el peritaje lo realizara Gendarmería. “A mí, como jueza, me da más garantías de imparcialidad”, afirmó.

Y marcó diferencias con lo que pasó en esas primeras horas de la investigación: “Cuando se encuentra una prueba se precinta y se espera la orden del juez. Esto no ocurrió”.