La góndola del supermercado exhibe al menos seis marcas de rollos de cocina. Unos vienen envasados de a dos, algunos de a tres y otros de a cuatro. Entre una marca y otra varía el ancho de la hoja de papel, el largo del rollo y también la calidad. ¿Cómo hace el consumidor para evaluar cuál le conviene, es decir cuál es la mejor relación precio–calidad–cantidad?

Este dilema casi irrelevante a la hora de evaluar costos globales, se traslada a numerosos productos de la canasta familiar y servicios esenciales –como luz, agua y teléfono– que sí ocupan un lugar importante en el presupuesto mensual de cada hogar, y cuya medición es incontrolable por parte del consumidor.

“Yo no consumí la luz que dice la factura”, se queja un cliente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en la oficina de reclamos, pero es inútil. El empleado le responde que la factura refleja el consumo registrado por el medidor. En todo caso, si se sospecha que existe una falla en el mismo, será un operario de la misma empresa quien concurra al domicilio del reclamante a verificar su buen o mal funcionamiento.

“Es una barbaridad lo que pagué de teléfono”, intenta explicar un cliente de Telecom a través del 112, pero le dirán que lo facturado está correcto porque corresponde a la cantidad de pulsos efectuados desde su aparato. ¿Y cuánto mide un pulso telefónico? ¿Una conversación de tres minutos a cuántos pulsos equivale? ¿Cómo hace el usuario para controlar los pulsos consumidos por su aparato?

Dudas como estas se plantean también quienes tienen en su casa medidores de agua o son sometidos a pruebas de alcoholemia en la vía pública mediante la utilización de alcoholímetros no regulados por un tercero, es decir un organismo de control que esté por encima de las empresas o del Estado municipal o provincial.

“En realidad –explica el Ingeniero Walter Aquino, representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) a Rosario3.com– el tema es de larga data porque siempre existió una puja jurisdiccional por los controles. Como el Inti es un organismo de jurisdicción nacional que se encarga entre otras cosas de efectuar controles sobre los instrumentos de medición empleados en industrias y comercios, muchas provincias no permiten su intervención por considerar que no tiene autoridad para hacerlo. Entre ellas, Santa Fe”.

Por ende, salvo el expreso pedido de algunas municipalidades, comunas o empresas de la provincia para que los técnicos de ese organismo los asistan y controlen sus balanzas, radares o cinemómetros (aparatos utilizados para detectar mediante fotografías infracciones de los automovilistas), el accionar del Inti, como el brazo técnico del poder de policía que es, se reduce a calibrar y homologar los instrumentos de medición antes de que salgan de las industrias para insertarse en el circuito comercial.

De allí en adelante, todos los medidores –incluidos los de luz, agua y teléfono– pueden alterarse voluntaria o involuntariamente, sin que el consumidor pueda verificarlo de manera fehaciente y reclamarlo con pruebas a la vista.

Trucos de ayer y hoy

Desde el conocido imán aplicado a las balanzas mecánicas para forzar la aguja hacia atrás y hacer que los 100 gramos de queso sean en realidad 90, hasta los retoques electrónicos efectuados sobre las balanzas para camiones, que permiten a quienes los solicitan evadir impuestos y vender grandes cantidades de cereal en negro, mucho se ha inventado y se usa con impunidad, en el marco de la desregulación existente.

“Si el mismo Estado provincial o municipal o los organismos de defensa del consumidor exigieran que los controles los hiciera un tercero y no los propios interesados es probable que se descubrieran no sólo numerosos casos de sobrefacturación, sino también varios kilos de 900 gramos", concluye Aquino.