La Cámara de Diputados convirtió en ley anoche la prórroga por un año de la ley de emergencia económica, lo cual le permitirá al gobierno nacional renegociar los contratos con las empresas públicas privatizadas.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado la semana pasada por el Senado, establece una nueva prórroga de la emergencia, la cuarta desde la entrada en vigencia de la ley sancionada en 2002 durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

La iniciativa, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2007 la emergencia económica, social, sanitaria y ocupacional del país fue aprobada por 124 votos contra 37 y 3 abstenciones con el respaldo del oficialismo y algunos aliados, ya que la oposición se abroqueló detrás del rechazo a la norma. Para el gobierno la nueva prórroga de la citada ley de emergencia es una herramienta clave para renegociar algunos contratos con empresas de servicios públicos.

El titular de la comisión de Presupuesto, el jujeño Carlos Snopek, defendió la prórroga de la emergencia y utilizó una metáfora para rechazar las críticas de la oposición: "Los éxitos no deben atribuirse al viento favorable de cola porque por más que el viento sople si no hay timonel el barco se hunde".

"No podemos tirar manteca al techo. Tenemos que seguir con un esquema de prudencia y razonabilidad", aseveró Snopek, quien destacó que con esta norma "se están consolidando, apuntalando el camino correcto que la Argentina está tomando".

Tras la votación, el diputado de la UCR, Miguel Angel Giubergia, pidió que al oficialismo aclare el número obtenido por entender que se necesitaba una mayoría especial, ante lo cual Snopek explicó que la iniciativa sólo requería mayoría simple para su sanción.

La oposición encabezada por la UCR, el Justicialismo Nacional (lavagnistas), y el PRO de Mauricio Macri, impulsó un dictamen conjunto para oponerse a la prórroga por un año y extender la emergencia sólo por 180 días.

Desde la UCR, Miguel Angel Giubergia, rechazó al prórroga y afirmó que "es necesario recobrar la normalidad en el Estado, mostrar al mundo y a los argentinos que, en esta normalidad que existe, va a ser posible que puedan llevarse adelante más inversiones".

En esa línea, y al expresar su rechazo a la iniciativa, el diputado del PRO, Esteban Bullrich, recordó que "tenemos la ley desde 2002 y no se han resuelto los problemas para los que se creó la ley: hay 65 contratos de servicios públicos, de los cuáles sólo se han renovado 29".

En tanto, desde la CTA, Claudio Lozano, sostuvo que si bien "la emergencia existe tendría que ser el acicate para una discusión más profunda" y consideró que el proyecto "es tramposo porque nos colocan además el debate para una nueva delegación de facultades".