El Concejo Municipal de Rosario solicitó formalmente que se declare a la telefonía celular como servicio público. La iniciativa, votada por unanimidad y presentada por el presidente del cuerpo, Miguel Zamarini, se presentó con un panel compuesto por el senador nacional Rubén Giustiniani y el diputado nacional Carlos Comi, ambos autores de proyectos con este fin en el Congreso, además del titular del Centro de Estudios y Acciones Comunitarios (Cesyac), Juan Marcos Aviano.

“Es hora de pagar tarifas justas y razonables”, resumió en su alocución Giustiniani. Asimismo, remarcó: “Se debe pagar por lo que se consume. Hay un abuso por parte de las compañías en la facturación del consumo del servicio y esto debe ser modificado en carácter de urgencia. Si se habla durante 1 minuto y 1 segundo, no se debe pagar por 2 minutos”.

Por otra parte, el senador nacional por el Frente Amplio Progresista sostuvo: “La telefonía celular paga tarifas altas y mal fraccionadas porque no ha sido declarada servicio público”. Además, acotó: “En este momento donde se debate el rol del Estado debemos insistir en avanzar en este tema”.

También hizo uso de la palabra el diputado nacional por la Coalición Cívica-ARI, Carlos Comi, quien pidió un mayor compromiso al Ejecutivo Nacional. “La telefonía celular es un tema tabú para quienes gobiernan. Han pasado muchos años de gestión y no existe un sólo avance al respecto”, consideró.

“Estamos ante un tema muy profundo que afecta intereses económicos gigantescos. Es inadmisible que 7 millones de líneas de telefonía fija sean un servicio público y 57 millones de líneas celulares no”, argumentó, para luego concluir: “Ninguna otra actividad genera tantas ganancias como las que obtienen las empresas de telefonía celular”.

Por último, Juan Marcos Aviano, cuyo organismo se especializa en materias inherentes a los consumidores, sostuvo que existe una “relación conflictiva” entre la ley de telefonía móvil y la de defensa al consumidor.

Asimismo, destacó los incumplimientos más comunes de las empresas, entre las que sobresalen la publicidad engañosa, la atención en los reclamos, las ofertas, contratos de adhesión, tarifas de abonos y tarjetas, entre otras. “Muchas veces nos mienten o directamente nos engañan a la hora de contratar el servicio con planes que jamás se cumplen”, indicó.

Los tres disertantes coincidieron en la necesidad de regular la telefonía celular como un servicio público para mejorar la calidad y ajustar los precios e insistieron en el destrato de las compañías telefónicas hacia sus usuarios, a las que calificaron como “una verdadera falta de respeto”.