Hay errores que salen caro. Un error cometido por el Registro de la Propiedad, cuyos empleados están de paro por estos días, le costará al gobierno provincial nada más y nada menos que 120 mil pesos.
Es que el Registro emitió un certificado de libre inhibición de un campo que, en realidad, estaba embargado. Gracias a ese certificado la dueña del terreno logró vender el campo. Pero en el camino quedó un acreedor.
Ese acreedor fue quien se presentó a la Justicia, que le dio la razón. Ahora un tribunal condenó el Estado provincial a pagar al perjudicado por el informe incorrecto la suma de 120 mil pesos más intereses.
En el fallo, el Tribunal de Responsabilidad Extracontractual número 1 de los Tribunales de Rosario plantea que el certificado de libre inhibición "es un servicio oneroso que presta el Estado que debe tener la mayor exactitud sobre el inmueble".
