Fernando Burlando pidió la pena máxima para seis de los siete acusados por el ataque a la embarazada, en una salidera bancaria, al formular el alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Plata.

Burlando pidió esa condena para Carlos Moreno, Luciano López, Carlos Jordán Juárez, Juan Manuel Calvimonte, Miguel “Pimienta” Silva y Augusto Claramonte a los que consideró autores y coautores de los delitos de robo doblemente calificado, tentativa de homicidio doblemente calificada por alevosía y homicidio doblemente calificado.

Antes de su alegato en los tribunales platenses,  Burlando señaló que sigue “pensando que toda la gente que está vinculada internamente y en la periferia de este caso merecen de alguna manera la pena de muerte”.

Y agregó: "Con esto quiero decir que gocen de todos los derechos, que puedan abrazar a su familia, que estudie y trabajen, pero todo tras las rejas. Eso de alguna manera es una pena de muerte”.

Sobre la situación del acusado Carlos Burgos, quien llegó a juicio acusado de ser el autor material del disparo, aunque luego ese rol se le atribuyó a otro, el letrado expresó: “Su situación  es muy particular, yo creo que va a tener algún tipo de beneficio” y aclaró que “en el hecho de Carolina, nosotros entendemos y concluimos todos en que él no fue partícipe necesario”.

“La principal importancia es lo que manifiesta la víctima, y Carolina pudo ver a centímetros a su agresor, lo vio más tiempo que cualquiera, lo escuchó, vio sus gestos y eso se vio reflejado en las tres oportunidades en las que declaró en esta audiencia de debate, donde señala sin ningún tipo de duda a Carlos Moreno (como el autor del disparo)”, sostuvo Burlando.

Finalmente, aclaró que respecto al rol del banco y sus empleados, acompañará el criterio de la fiscalía.

"Acá lo importante no es el Banco Santander Río, sino juzgar a quienes asesinaron a sangre fría a Isidro Buzzali, pero es cierto que si esta banda necesitaba un cómplice, inconscientemente en la entidad bancaria lo tuvo”, concluyó.

La semana pasada, el fiscal Marcelo Romero pidió que sean condenados a reclusión perpetua cinco de los siete acusados, mientras que reclamó 15 años de prisión para los otros dos.