María Bélen Rodríguez es la modelo cordobesa que en 2006 demandó a los buscadores de internet Google y a Yahoo! al encontrar fotos suyas en sitios pornográficos. Este miércoles su caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y podría sentar un precedente sobre la aplicación del derecho en un área poco explorada jurídicamente como la world wide web.

Rodríguez se enteró de su protagonismo en páginas de alto contenido sexual a partir de un amigo que le llamó la atención al respecto, pero ella jamás posó para una producción semejante. De hecho, hace cuatro años abandonó definitivamente las pasarelas para dedicarse full time a sus dos hijos.

En un primer momento, su historia causó revuelo al confundirse con otra modelo argentina –muy famosa en Italia por rumores que la vinculaban al ex primer ministro Silvio Berlusconi– que lleva su mismo nombre y apellido y que además, sufrió también la impunidad de la web. Un video hot de esta modelo –oriunda de la Capital Federal– y el empresario Tobías Blanco había copado las redes sociales y los portales de noticias.

Pero el caso de la cordobesa Rodríguez difiere de su tocaya porteña porque las imágenes de ella publicadas eran falsas. Al ingresar su nombre en el buscador, éste arrojaba resultados que la mostraban en sitios porno.

En diálogo con A Diario, el programa que conduce Alberto Lotuf por Radio 2, el abogado de la cordobesa, Martín Leguizamón Peña, explicó que su caso también difiere del del ciudadano español que consiguió que el 13 de mayo pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciara en su favor y obligara a Google a borrar sus datos personales.

“En el caso del ciudadano español eran hechos verdaderos (relacionados a un embargo), pero en el de Belén son falsos”, apuntó el letrado que reconoció que el resarcimiento que solicitaron con su clienta, allá por 2006, quedó ya desactualizado por la inflación. Habían pedido 300 mil pesos.

En su opinión, esto también revela la impunidad con la que se mueven los gigantes como Google y Yahoo, para quienes pagar la multa que imponga la Justicia no significa nada en comparación con sus millonarias ganancias.

“Sólo el año pasado, Google facturó tres veces el producto interno de la Argentina. Entonces es más fácil pagar una condena reducida que adaptarse a la ley. (Dicen) `pago una condena reducida y sigo perjudicando a las personas´”, señaló.

Los argumentos en danza en la Corte

El ministro Ricardo Lorenzetti inauguró este miércoles por la mañana la audiencia pública informativa sobre el caso de Rodríguez que ahora pasó a cuarto intermedio para el 29 de mayo. Esta primera audiencia sirvió, no obstante, para plantear la “aplicación de principios jurídicos de libertad de expresión, de privacidad y de responsabilidad civil, en un área (Internet) en la cual no hay precedentes".

Según publicó La Nación, el Colegio Público de Abogados y la Facultad de Derecho de la UBA se manifestaron en contra de la limitación de las búsquedas en Internet, ya que "la libertad de acceso a la información es una garantía constitucional" y "la censura previa está prohibida por la legislación argentina".

En tanto, especialistas en informática se inclinaron por eventuales bloqueos de acceso a contenidos, pero no por la eliminación de esos mismos contenidos. Esto es lo que plantearon los letrados Raúl Martínez Fasalari y Andrés Gil Domínguez

Fasalari explicó que los "buscadores indexan la información y datos que existen en Internet, y lo presentan al usuario de acuerdo al tipo de búsqueda realizado. Cuando el usuario afectado desea eliminar el dato, (debe dirigirse) al administrador del contenido ofensivo, o cuando es imposible ubicarlo, a quien ha sido el intermediario entre la producción y la recepción del contenido. El buscador puede eliminar no el contenido sino el resultado de búsqueda".

Por su parte, el titular de la Dirección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, Esteban Ruiz Martínez, hizo hincapié en la ley 25.326 sobre "protección" de esos datos sensibles.

"El buscador es una herramienta del derecho a la información, pero relaciona datos y en algunos casos va a relacionar datos personales. El resultado puede ser perjudicial al titular del dato", advirtió. En ese marco, llamó a "buscar una salida que respete ambos derechos”.