La Cámara Nacional de Casación rechazó planteos de prescripción en la causa IBM-Banco Nación y habilitó así el juicio oral para los acusados del escándalo por el millonario pago de sobornos en la informatización de la entidad bancaria oficial durante el menemismo.

A doce años de la apertura de la pesquisa, el máximo tribunal penal del país entendió que la causa debe seguir abierta y ser llevada a juicio, según confirmaron a Télam fuentes judiciales sobre la resolución de la sala I cuyos fundamentos se notificarán a las partes del proceso el viernes próximo a las 12.30.

Los camaristas Liliana Catucci, Raúl Madueño y Alfredo Bisordi habilitaron así al Tribunal Oral Federal 3 a seguir con los preparativos del juicio oral que había comenzado a realizar apenas recibió la causa del juez federal Guillermo Montenegro, en diciembre de 2004.

En el banquillo de los acusados se sentarán los ex directivos del Nación Mario Dadone, Hugo Gaggero, Genaro Contartese y Alfredo Aldaco, todos imputados por "administración infiel", que contempla hasta seis años de prisión.

También serán juzgados los ex directivos de IBM Ricardo Martorana, Gustavo Soriani, Luis Manfredi y Federico Zwirner, además de otros empresarios como Juan Carlos Attaneo, pertenecientes a supuestas subcontratistas.

Casación rechazó planteos de prescripción de distintos acusados, con lo cual confirmó una decisión similar adoptada por el Tribunal oral que integran Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo.

A los imputados sólo les quedará ahora recurrir en recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia, que debería ser aceptado por Casación o en caso contrario ir en queja al máximo tribunal, un planteo que no interrumpe el juicio oral.

La investigación por la denuncia del pago de sobornos por parte de IBM a directivos del Nación se abrió en 1994, en uno de los escándalos más resonantes que sacudió al menemismo.

El proceso estuvo a cargo del entonces juez federal Adolfo Bagnasco, quien logró recuperar y repatriar parte de los 21 millones de dólares estadounidenses que, al parecer, se pagaron como sobornos.

En total, el contrato suscripto por el Nación implicaba un pago total de 249 millones de dólares estadounidenses a cambio de la informatización de 525 sucursales del banco, en lo que se bautizó como "proyecto Centenario".

Bagnasco renunció a su cargo y la causa quedó a cargo de un magistrado suplente hasta que asumió Guillermo Montenegro, quien elevó la causa a juicio oral en diciembre de 2004, pese a que el fiscal federal Carlos Cearras había pedido el envío a juicio en octubre de 2002.

El caso llegó al Tribunal Oral Federal 3, el mismo que estuvo a cargo del proceso por el atentado a la AMIA, que debió congelar los preparativos ante los planteos de prescripción hechos por los defensores.

Fuente: Télam