El gobierno nacional ha instalado el tema del cobro de servicios de salud a extranjeros que lleguen al país para atenderse. En Jujuy, por ejemplo, el gobernador Gerardo Morales ya estableció el pago de un co-seguro por parte de la población migrante, sobre todo oriundos del limítrofe país de Bolivia, que busca atención en hospitales jujeños. En Rosario advierten que el sistema de salud se sigue apoyando en “valores como gratuidad y universalidad” y que el debate “debe pasar por otros temas más importantes” relacionados a la salud pública.

El secretario de Salud de la Municipalidad, Leonardo Caruana, aseguró en contacto con A Diario (Radio 2) que “el número de extranjeros que se atienden en el sistema de salud municipal no impacta en absoluto en el funcionamientos de nuestros servicios de salud”. Y agregó que “ese porcentaje es ínfimo”.

Caruana resaltó que “desde hace muchos años nosotros planteamos que el sistema de salud en Rosario está basado en determinados valores, que son la gratuidad, la universalidad y la integralidad de las intervenciones, que son parte fundante desde hace más de 20 años”.

El funcionario municipal destacó que “Rosario ha incorporado población de otros países a su sistema de salud, siempre ha sido una ciudad abierta”. Y recordó que “hemos hecho un trasplante de médula ósea a un niño de Perú”.

“De ninguna manera está el cobro por encima del derecho al acceso a la salud”, sentenció el secretario de Salud del municipio. “No tiene que haber trabas porque ya de por sí hay un sufrimiento de las personas que están en esta situación”, añadió.

Caruana dijo que “tenemos que mirar por ejemplo el sistema inglés, donde si la perspectiva es de derecho, la universalidad de la salud está garantizada”.

El funcionario aseguró que la discusión acerca del sistema de salúd pública de be pasar por otros ejes: “En salud no se está debatiendo la inflación, la incidencia del precio del dólar, la producción pública de medicamentos, y estamos debatiendo la atención de la población paraguaya o boliviana”, criticó.

“El debate que hace una reducción a la población migrante es un debate que antepone lo económico a los derechos al acceso”, concluyó.