Pocas veces como este viernes las diferentes miradas sobre un país tuvieron una escenificación tan clara y contundente en bulevar Oroño al 1500. Al interior de la Casa del Foro del Colegio de Abogados, la audiencia pública por el nuevo cuadro tarifario del gas. Afuera, la Multisectorial contra el Tarifazo y dirigentes sindicales, políticos y de defensa de usuarios y consumidores. En el medio, un despliegue poco habitual de vallas y policías.
Adentro se presenta la suba de un 203 por ciento en promedio para los hogares. También el quite del total de los subsidios, que alcanzaron los 5700 millones de dólares el año pasado, de forma progresiva y semestral hasta 2019. En la calle, las quejas de los que no pudieron ingresar a la audiencia pese a haberse notado, las críticas por "dolarizar" la tarifa, algo que es ilegal, y la promesa de nuevas denuncias y amparos.
"No es física cuántica, es nuestro gas"
Las vallas que surcaron Oroño entre Zeballos y Montevideo pre anunciaron desde bien temprano uno de los debates: qué tan pública es la audiencia pública. El titular local de Apyme, Juan José Sisca, o el de la Unión de Almaceneros, Juan Milito, entre muchos otros, reprocharon a los organizadores la imposibilidad de acceder a la sala pese a haber cumplido con el requisito de inscribirse.
Mientras Sisca sostiene en su mano su formulario y lo muestra a las cámaras de los canales que cubren, Alberto Muñoz, de Usuarios y Consumidores, se acomoda para ingresar. Él logró además figurar entre los apenas 15 oradores reconocidos en Rosario. "No puede ser que se les niegue la palabra a un interesado directo en el tema. Esto es censurar y discriminar. No puede haber un criterio de selección arbitrario en una audiencia pública", añade.
"Es una vergüenza lo que hicieron. Estamos discutiendo el precio del gas que pagaremos todos los argentinos no sobre física cuántica para gente especializada", agrega Octavio Crivaro, referente del Frente de Izquierda.
Algo de física hay en el problema: la sala es chica y tiene 100 lugares pero hay 200 inscriptos para participar. Una joven con una lista define quién puede acceder. En la cola, cercada por vallas, hay cuatro chicas con carpetas.
- Chicas, ¿son del PRO?-, les pregunta un periodista.
- ¿Y qué problema hay si somos del PRO?-, responde una de ellas.
- ¿Van a hablar?
- No.
- ¿Son de alguna organización de usuarios?
- No.
El aplauso de la sala
La sala de la Casa del Foro tiene ocho hileras de asientos, de entre ocho y 13 sillas cada una. Al frente está la pantalla que transmite por videoconferencia lo que ocurre en la sede central de Buenos Aires. El ministro de Energía nacional, Juan José Aranguren, es el primero en hablar a las 9.20.
El funcionario del gobierno de Mauricio Macri detalla el escenario energético. Afirma que las importaciones de gas están al límite, que existen cortes del suministro a industrias y que el 81% del consumo está subsidiado por el Estado, pese a que sólo el 60 por ciento de los habitantes tienen gas natural. Se acompaña con gráficos y mapas que indican que los argentinos abonan 1,29 dólar por millón de BTU (la unidad de medida), mientras que importar el gas de Bolivia cuesta 2,50 dólares o traerlo en barco 7,50 dólares.
La propuesta del gobierno, dice Aranguren, es pasar de esa tarifa inicial a 3,42 dólares y después continuar con "aumentos semestrales" para llegar a un "valor de mercado a fin de 2019", es decir, bajar a cero los subsidios del Estado nacional a consumo de hogares. En esta primera etapa, a partir de octubre, la tarifa subirá 236 por ciento para los residenciales de bajo consumo, 176% para los de medio y 122% para los de alto. El 56 por ciento de las familias pagará menos de 500 pesos en una factura de invierno, calcula el ministro.
Aranguren cumple con los 20 minutos de tiempo y cierra su presentación. Más de la mitad de la sala en Rosario lo aplaude y el resto no. Uno de los que no aplaudió, el concejal del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, se levanta y sale. "Chicos vuelvan al Concejo que no quedó nadie allá", les dice a un grupo.
"Son todos asesores y militantes del PRO, yo los conozco. Llenaron la sala, que la buscaron chica a propósito, para que no pueda entrar nadie más. Los que están en la puerta y dicen quién pasa y quién no son militantes, no personal del Enargás. Armaron una farsa para decirle a la Corte Suprema que cumplieron y nada más", protesta.
"Habrá modificaciones después de la audiencia"
La diputada nacional de Cambiemos, Gisela Scaglia, hace de vocera y defiende la convocatoria. Destaca que "por primera vez en muchos años tenemos en Argentina una audiencia pública de este tipo". La califica de "muy democrática y abierta" y señala que los "controles en el ingreso" son para permitir que se puede llevar a cabo sin incidentes.
Rechaza que haya censura a quienes quieran participar y señala que el criterio para seleccionar oradores fue de uno por organización. "Se anotaban 30 de una misma agrupación y dejamos uno, para que sea más ordenado", afirma y recuerda que son más de 300 oradores en todo el país. También es cierto que el gobierno nacional decidió concentrar y unificar la convocatoria en lugar de hacer audiencias por cada distrito.
"Como gobierno vinimos a escuchar propuestas y a terminar con un modelo obsoleto e injusto", agrega Scaglia y pone como ejemplo que en La Pampa una persona paga 10 pesos el gas gracias a que un formoseño lo subsidia y que además tiene que comprar su gas en gárrafa, que es más caro. "El 40 por ciento de los argentinos está fuera de esta discusión", añade.
Si bien Aranguren no precisó cambios en los precios del gas para Pymes y el GNC -no contemplados en el fallo de la Corte-, Scaglia asegura: "Va a haber modificaciones después de la audiencia. Estoy segura de eso, si no todo esto no tendría sentido".
Dólares
Muñoz señala que los valores dados a conocer por el Ministerio de Energía están dolarizados y que por el artículo 8 de la ley 25.561 los servicios públicos no pueden fijarse en moneda extranjera. "Entiendo que Aranguren defienda la seguridad jurídica de las empresas pero resulta que ahora es ministro y debe defender también la seguridad de los usuarios, que tienen que poder pagar", afirma.
"No estamos dolarizando la tarifa. Es un costo de extracción que está como referencia. La tarifa está en pesos", responde Scaglia y reitera que la idea es eliminar de forma escalonada los cerca de seis dólares por unidad que subsidia el Estado.
Pulseras, impugnación y acto
"¿Pudiste entrar?", "¿vos te anotaste o no?", "¿trajiste el formulario?". Los dirigentes de las distintas organizaciones de defensa de usuarios y consumidores o de la Multisectorial contra el tarifazo se repiten la pregunta como un mantra. Son las 10.30 y acaba de llegar una escribana y en la puerta del vallado constata que los organizadores -ellos le dicen "promotoras"- impiden su acceso a la audiencia.
La clave está en las muñecas de las personas: en las pulseras de color para la identificación de personas de Ticketband.com.ar (de esas para ingresar a festivales o vips de boliches). Quien la posee, entre ellos periodistas acreditados, pero no cámaras de televisión (están vedadas), pueden entrar y salir.
Marcelo Remondino, defensor del consumidor de Capitán Bermúdez, no tiene pulserita. Adelanta que con el acta de la escribana Mónica Graziani y los formularios de inscripción firmados por el Enargás (en su caso del martes 13 pasado), pedirá a la Justicia que se impugne la audiencia.
A las 12, sobre el cantero de Oroño, casi esquina Zeballos, un amplio arco de dirigentes inicia "la verdadera audiencia pública y no la farsa que se está llevando a cabo adentro y en todo el país", dice Milito. Sonia Alesso, de Amsafé, añade que los mismos problemas se registraron en las sedes del resto del país. Alicia Simeoni, del Sindicato de Prensa, añade que impedir el ingreso de cámaras es "tapar los ojos de los periodistas" e impedir la circulación de la información sin condicionamientos.
En el interior, la audiencia continúa (seguirá al menos hasta el sábado a la noche). Hablan especialistas y voceros de las empresas energéticas, que desarrollan su estrategias a futuro y la necesidad de priorizar la producción local por sobre la importación. Unos y otros hablan pero no pueden escucharse.
