Y se viene la tarifa social de la EPE nomás. Con la intención de regularizar la situación de los enganchados, desde agosto se empezará a cobrar un precio especial por la luz a los habitantes de barrios Fonavi que no estén condiciones de pagar el precio regular.
Para ello, según anunció en Radio 2 el defensor del Pueblo, Carlos Bermúdez, se realizarán en relevamiento en todos los barrios de viviendas sociales para comprobar la situación de cada familia.
La idea es que quienes están conectados en forma irregular al servicio eléctrico queden ahora regularizados, con un cupo de consumo bimestral de 450 kilowatts, a un precio de 23 pesos.
Bermúdez explicó que los datos del relevamiento, que lo realizarán grupos de vecinos, se envían directamente a la EPE, que recurre a la Defensoría cuando se hace necesario comprobar si es cierto que una familia no puede pagar el precio normal. En esos casos, se envían los asistentes sociales que dictaminan cuál es la real situación. Pero en los casos en los que no hay dudas “la incorporación” al nuevo régimen “es automática”.
El funcionario resaltó que con esta medida se va a poder saber fehacientemente cuánta gente está fuera del sistema e incorporarla. “Este programa busca de que de aquí en adelante regularicen las situaciones”, agregó.
Bermúdez explicó que la ventaja para la EPE es muy importante, porque terminar con los enganchados va a ayudar a programar mejor, por ejemplo, las obras para evitar cortes de energía. “Es una buena oportunidad, una política de inclusión interesante”, enfatizó.
Para ello, según anunció en Radio 2 el defensor del Pueblo, Carlos Bermúdez, se realizarán en relevamiento en todos los barrios de viviendas sociales para comprobar la situación de cada familia.
La idea es que quienes están conectados en forma irregular al servicio eléctrico queden ahora regularizados, con un cupo de consumo bimestral de 450 kilowatts, a un precio de 23 pesos.
Bermúdez explicó que los datos del relevamiento, que lo realizarán grupos de vecinos, se envían directamente a la EPE, que recurre a la Defensoría cuando se hace necesario comprobar si es cierto que una familia no puede pagar el precio normal. En esos casos, se envían los asistentes sociales que dictaminan cuál es la real situación. Pero en los casos en los que no hay dudas “la incorporación” al nuevo régimen “es automática”.
El funcionario resaltó que con esta medida se va a poder saber fehacientemente cuánta gente está fuera del sistema e incorporarla. “Este programa busca de que de aquí en adelante regularicen las situaciones”, agregó.
Bermúdez explicó que la ventaja para la EPE es muy importante, porque terminar con los enganchados va a ayudar a programar mejor, por ejemplo, las obras para evitar cortes de energía. “Es una buena oportunidad, una política de inclusión interesante”, enfatizó.
