El anuncio efectuado por la intendenta Mónica Fein respecto de la intención de vender el inmueble que ocupa Contro Urbano, en avenida Rivadavia y Pueyrredón, provocó la inmediata repercusión en el Concejo Municipal donde varios ediles plantearon objeciones. Antes del llamado a licitación para la venta del predio, el proyecto debe pasar por el recinto y obtener la aprobación de dos tercios de los miembros, algo que según las consultas realizadas por Rosario3.com parece un difícil desafío.

Ediles como Jorge Boasso (UCR), Roberto Sukerman (Frente para la Victoria) y Osvaldo Miatello (PJ-Encuentro por Rosario) ya adelantaron su negativa la iniciativa. Cada uno de ellos integra un bloque de dos, por lo que las negativas podrían ascender a seis. Además, Alejandro Roselló (PRO) manifestó "reparos" frente a la iniciativa y Héctor Cavallero (PPS) y Daniela León (UCR) plantearon diferencias, aunque hicieron hincapié en la falta de información oficial sobre el tema y la forma en que la Municipalidad manejó la cuestión.

Si este panorama no se modifica con las futuras negociaciones del oficialismo, y como el Ejecutivo necesita dos tercios de los 22 concejales, la venta del predio asoma complicada.

La defensa del municipio

“Se trata de un inmueble con un potencial importante debido a su ubicación”, señaló a este medio el secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, Pablo Barese, y explicó que “no tiene sentido mantener ese predio una vez que Control Urbano se mude al edificio de Ricchieri al 1.500, donde funcionará junto con la la Guardia Urbana Municipal (GUM) y las oficinas de Prevención y Seguridad Ciudadana y Defensa Civil”.

El funcionario detalló que “el inmueble está situado en la ochava que mira al noreste, tiene 425 metros cuadrados de superficie (25 metros de profundidad por 17 metros de ancho), y está incluído dentro del frente de renovación urbana de Pichincha que se extiende desde Ovidio Lagos hasta calle Santiago. En ese punto radica su valor comercial ya que en esa zona puede construirse con una altura máxima de 66 metros”, destacó el funcionario.

Barese aclaró que se trata de "un espacio público pero de uso privado del Estado municipal" lo que significa que "antes de concretarse el llamado a licitación para avanzar sobre la venta del terreno, la iniciativa deberá contar con la aprobación de dos tercios de la totalidad de miembros del Concejo”.

La postura de los ediles

Las opiniones en relación con la venta del predio para financiar la remodelación del inmueble de calle Ricchieri están divididas en el Palacio Vasallo.

“Tenemos nuestros reparos con respecto a la venta de un bien público y estaremos atentos para que se cumpla el marco de legalidad establecido”, adelantó el concejal Alejandro Roselló (PRO), aunque aclaró que la forma en que votarán el proyecto cuando llegue al recinto, la decidirán “en bloque, en su momento”.

El edil Héctor Cavallero (PPS) fue contundente y sostuvo que “el accionar de la Municipalidad en este tema constituye una total falta de respeto para con los concejales de la ciudad”.

“Nos enteramos por los medios de que el Ejecutivo quiere vender ese inmueble, cuando deberíamos haber recibido un mensaje o podríamos haber sido convocados para una consulta previa”, planteó el concejal y aclaró que “para autorizar la venta del patrimonio, hay que determinar claramente en qué se va a usar ese dinero. Esa información hoy no la tenemos”, señaló.

Osvaldo Miatello (PJ) descartó la posibilidad de que su bloque le dé el visto bueno al proyecto de enajenación e hizo hincapié en el destino de los fondos. “Si lo que surja de esa venta se va a usar para gastos corrientes –financiar la remodelación del edificio de la GUM lo es– no corresponde que lo aprobemos”, afirmó el concejal y planteó que otra sería la posición de su bloque si la Municipalidad persiguera un fin específico de bien público.

Quien también se refirió al proyecto como “algo que sólo conocen a través de los medios de comunicación” fue Daniela León (UCR), aunque adelantó que más que la venta en sí, le preocupa “el destino de los fondos”.

“Si hay una propuesta de reinversión de fondos y de mejora en la calidad del transporte para la población, no veo objeción para hacer, siempre que se genere una normativa que permita efectuar los controles financieros necesarios”, dijo la concejala.

León mencionó un antecedente inmediato de este tipo de operatoria en la que el Concejo aprobó la enajenación “por unanimidad”.

“A comienzos de este año, el cuerpo votó afirmativamente la venta de la sucursal Fisherton del Banco Municipal. Ese dinero (1 milón 200 mil pesos) fue utilizado para lanzar una línea de créditos que otorgó esa entidad para la compra de generadores eléctricos y para realizar reformas que garantizaran la accesibilidad de las personas con discapacidad a edificios públicos y privados”, precisó la concejala.

Este lunes, otros ediles habían anticipado su opinión sobre el tema. Mientras que Greppi reconoció que no lo ve mal, “siempre y cuando se estudie y se procure la mayor transparencia posible”, Boasso se mostró en desacuerdo con “vender el patrimonio de los rosarinos para financiar gastos corrientes”, y Sukerman fue tajante: “La Municipalidad no es una inmobiliaria; la financiación debe surgir del presupuesto y no de la venta del patrimonio”, precisó.

Qué dice la Ley Orgánica de Municipalidades

En su capítulo dedicado a la Enajenación de bienes inmuebles, la norma hace una distinción entre bienes de uso público y de uso privado.

“Los primeros son aquellos bienes sobre los cuales los particulares tienen el uso y goce de los mismos (respetando, claro está, la reglamentación que de dicho uso y goce haga el municipio). Mientras están destinados al uso público, dichos bienes no son enajenables y se hallan fuera del comercio. Ejemplos: calles, plazas, obra pública”.

“Los segundos presentan todos los caracteres propios del derecho real de dominio, y en este caso, la propietaria es la Municipalidad, pudiendo ejercer respecto a dichos bienes, todas las facultades de uso, goce y disposición emergentes de su carácter de tal. Los particulares no acceden como habitantes del Municipio a disfrutar de los mismos, porque están en la esfera privada del Municipio. Ejemplos: los bienes que adquiera la Municipalidad en su carácter de persona jurídica”.

“A partir de esta pequeña disquisición –dice el informe legal solicitado por la Municipalidad a sus asesores, a la que Rosario3.com tuvo acceso– vemos que los pasos a realizar difieren, según se trate de enajenar bienes de la Municipalidad de uso público, o de uso privado. Porque respecto a los de uso público, como paso previo a poder enajenarlos, es necesario desafectarlos del uso público al que han sido asignados”.

Bienes inmuebles de uso privado. Artículo 39, Inciso 19, Ley 2756 Orgánica de Municipalidades: “Autorizar con los dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, la enajenación o gravamen de los bienes raíces del municipio que no sean del uso público.”

“O sea que (en este caso) se requiere una mayoría agravada (dos tercios de la totalidad de miembros) del Concejo Municipal, como paso previo a realizar la enajenación de bienes inmuebles de dominio privado de la Municipalidad de Rosario”, concluye el informe.