La van a marear. Hace más de tres años que la ley para garantizar el acceso a la información pública a todos los santafesinos espera su aprobación en la Legislatura provincial. Y esa espera deberá seguir porque los senadores dieron el visto bueno a una nueva norma, distinta de la que ya tenía media sanción en Diputados, que introduce algunas polémicas condiciones.
Los senadores justicialistas, que impulsaron este segundo proyecto, ya no piden que quien quiera conocer los datos relacionados a los tres poderes públicos presente “un interés legítimo”, cláusula que desvirtuaba la norma, pero sí incluyeron la especificación de que se acredite “los fines de uso”.
Según explicó el senador Raúl Gramajo, este punto exige que la persona interesada complete una ficha con sus datos y señale si los fines de la solicitud son periodísticos, científicos o académicos, entre otros.
Este segundo proyecto que recibió media sanción este jueves en la Cámara alta se diferencia además del que proponía la minoría del socialismo y UCR (el mismo que está en Diputados) en que tiene un costo (1,50 pesos) en lugar de ser gratuito y fija otros plazos: de 20 días a un mes, en lugar de 15 días.
Otro punto que atenta en parte con la transparencia y facilidad de acceso a la información pública es agregar que cada poder puedo luego reglamentar la ley con su propio criterio.
Para la senadora socialista Patricia Sandoz, la aprobación de esta segunda versión de la norma “es una estrategia del bloque justicialista para que la provincia siga sin ley de acceso a la información después de cuatro años”.
