Los 46 rehenes que permanecían secuestrados desde el pasado jueves en el sur de Filipinas por un grupo buscado por asesinato y robo fueron liberados hoy después de que las autoridades negociasen un acuerdo.

El grupo de liberados fue trasladado en camiones militares a Prosperidad, la capital de la provincia de Agusan del Sur, en la isla de Mindanao, para pasar un primer reconocimiento médico.

La veintena de secuestradores, comandados por Ondo Perez, entregarán sus rifles automáticos y pistolas y quedarán en custodia de la Archidiócesis de Butuan, en espera de que la Comisión de Pueblos Indígenas revise los cargos que pesan sobre ellos.

Los cuerpos de seguridad filipinos buscaban a Perez y sus correligionarios por asesinato y robo.

El fin del secuestro, que comenzó el jueves, se alcanzó después de más de dos horas de intensas negociaciones encabezadas por el vicegobernador de Agusan del Sur, Santiago Cane, quien a la salida exclamó: "¡Lo hemos conseguido!".

Perez debería haber dejado en libertad a este último grupo de rehenes a primeras horas de la mañana, pero algo falló y volvieron a sentarse a negociar.

En esta ocasión, los miembros del comité de crisis rubricaron con su firma un documento con los acuerdos aprobados, entre ellos que los forajidos no serán arrestados.

Ondo Perez, de la tribu Mabobo, perteneció a una de las muchas organizaciones paramilitares que proliferan en la conflictiva isla de Mindanao antes de formar su propio grupo armado.

Mantiene una sangrienta lucha con el que dirige Joel Tubay, la raíz de la actual situación.

El secuestro comenzó el jueves pasado cuando las fuerzas de seguridad fueron a detener a Perez y a sus seguidores por el asesinato de seis familiares de Tubay en febrero.

La banda huyó y por el camino secuestró a escolares, profesores y aldeanos hasta conseguir 75 "escudos humanos", y entonces se parapetó en el monte y comenzó a negociar con un comité de crisis creado para ello.

Un total de 400 soldados y policías se encontraban en la zona con el fin de liberar por la fuerza a los rehenes si fracasaba el diálogo.

Los secuestradores dejaron ir a casa el primer día a todos los niños y las personas mayores y al día siguiente a todas las mujeres, menos una, y a los rehenes con circunstancias personales especiales, para quedarse con 46 personas.

Una asistenta social, Josefina Bajeda, llevó el peso de las negociaciones las dos primeras jornadas, pero fue reemplazada cuando trascendió que mantuvo relaciones laborales con el jefe de los bandidos en el pasado.

Varios de los rehenes eran familiares o conocidos de los captores y no se han producido malos tratos, pero sí situaciones insólitas, como la de Ponciana Avenido, que el viernes de madrugada pidió que la dejasen ir a casa a cambiarse de ropa y alimentar a los animales y le abrieron la puerta.

Este secuestro ocurre dos semanas después de que un centenar de pistoleros a sueldo de un poderos clan raptara y luego ejecutara a 57 personas en la provincia de Maguindanao, al suroeste de Agusan del Sur, también en la conflictiva Mindanao.

La matanza se produjo a raíz de una disputa entre los Ampatuan y los Mangudadatu por el cargo de gobernador de esa provincia, que ostentaba el primero.

El Gobierno declaró la ley marcial en Maguindanao para desarmar a los milicianos de los Ampatuan, los agresores, y lo levantó anoche, tras recobrar el control de la provincia, pero ha dejado vigente el estado de excepción.

Hasta 132 ejércitos privados campan a sus anchas en Filipinas, la mayoría a sueldo de políticos o terratenientes que imponen por la fuerza el dominio de sus feudos.

A ellos se unen las organizaciones armadas de tinte comunista o islámico cuya lucha causa muertes casi a diario.

Esta mañana, al menos dos personas perdieron la vida y 31 presos escaparon en el asalto contra una cárcel perpetrado por varias decenas de rebeldes.

Entre los fugados figuran destacados comandantes del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), la principal organización armada musulmana de Filipinas.

Fuente: EFE

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