Luego de que el ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, se entregara y quedara detenido por presunta connivencia con el narcotráfico, el senador provincial por el departamento Rosario Miguel Lifschitz expresó que se abre la necesidad de retomar la iniciativa en materia de seguridad. Y llamó a “recuperar la confianza social en las fuerzas policiales”.
En ese sentido, “el gobierno provincial cuenta con el consenso social y la legitimidad política para profundizar el camino iniciado en materia de seguridad convocando a todos los sectores a compartir y acompañar lo que debe ser una auténtica política de estado”, expresa un comunicado del ex intendente.
“No se trata ahora de tomar medidas efectistas pero de corto alcance, ni de aislarse ante la presunción de alguna operación orquestada desde afuera, sino de aprovechar la oportunidad para generar un plan integral de reformas en el sistema de seguridad con amplio consenso político y social, que avance en la dirección ya establecida por el gobierno de la provincia”, sostuvo Lifschitz.
El legislador consideró además que un primer paso debe ser reconocer las dificultades de la situación actual, que se caracteriza por una marcada falta de confianza de la sociedad en la Policía y la sospecha generalizada, que se sustenta en casos ya comprobados, de complicidad entre integrantes de la fuerza policial con redes delictuales vinculadas al tráfico de drogas y la trata de blancas, entre otros temas.
“En ese escenario, se desenvuelve el accionar de las bandas y redes mafiosas en una disputa por el territorio y los negocios ilegales, actuando con un nivel de violencia y sofisticación no conocidas hasta ahora en la provincia de Santa Fe. Además, los hechos de violencia que se han sucedido en los últimos tiempos generan un clima de inquietud y temor en la población”, agrega el texto.
Por todo ello, “no es momento de disputas entre distintos organismos estatales, ni de competencia entre agencias de seguridad, sino de aunar esfuerzos y establecer objetivos comunes”, afirmó el senador.
Al tiempo que sostuvo que “hoy está la oportunidad de concretar un cambio en materia de políticas de seguridad que puede incluso, plasmar un nuevo paradigma en la Argentina, porque si de algo podemos estar seguros es que lo que ocurre en Santa Fe no es distinto de lo que ocurre en la mayoría de las provincias del país”.
Destacó la competencia y la responsabilidad primaria de prevenir, combatir, investigar y juzgar los delitos vinculados a la tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes es de los organismos de seguridad nacionales y de la Justicia Federal en todo el territorio nacional, incluida la provincia de Santa Fe.
Lifschitz manifestó que los pasos a seguir los deben definir el gobernador y el ministro de Seguridad, a la vez que enumeró “medidas que pueden resultar apropiadas para recuperar la confianza social en las fuerzas policiales y dotar de un marco de consenso a las decisiones que se tomen”:
-Convocar a los partidos políticos con representación parlamentaria y a la Corte Suprema de Justicia de la provincia para acordar las bases de una profunda reforma de la institución policial, que profundice el camino ya iniciado por el gobierno y construir un plan de acción que necesariamente debe incluir a las fuerzas de seguridad y a la Justicia.
-Convocar a los legisladores nacionales de la provincia, a las autoridades nacionales y a la Justicia federal para exigir presencia activa de las fuerzas de seguridad nacionales como Gendarmería, entre otras, y coordinación y articulación con las áreas provinciales respectivas, como también una mayor y más efectiva acción judicial.
-Convocar al Consejo de Seguridad provincial para mantener informada a la sociedad y generar acuerdos sobre las acciones que se decidan.
-Poner en marcha urgentemente la nueva Justicia penal en la provincia.
-Crear un organismo externo de control de la Policía.
El caso de Tognoli
Luego de entregarse el domingo a la noche en Santa Fe, el ex jefe de la Policía de la provincia, Hugo Tognoli, declaró este lunes ante la Justicia en los Tribunales Federales de Rosario, donde negó las imputaciones que lo vinculan al narcotráfico pero igual quedó detenido.
En principio se lo iban a llevar las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), pero se presentó el comisionado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pidió hacerse cargo de la situación, y, con aval del juez Carlos Vera Barros, se lo llevó detenido al aeropuerto de Fisherton. Lo trasladaron esposado.
Sobre el ex comisario recaen denuncias sobre presunta connivencia con responsables locales de la comercialización de estupefacientes, cuando encabezaba la división Drogas Peligrosas de la Policía.
En ese sentido, “el gobierno provincial cuenta con el consenso social y la legitimidad política para profundizar el camino iniciado en materia de seguridad convocando a todos los sectores a compartir y acompañar lo que debe ser una auténtica política de estado”, expresa un comunicado del ex intendente.
“No se trata ahora de tomar medidas efectistas pero de corto alcance, ni de aislarse ante la presunción de alguna operación orquestada desde afuera, sino de aprovechar la oportunidad para generar un plan integral de reformas en el sistema de seguridad con amplio consenso político y social, que avance en la dirección ya establecida por el gobierno de la provincia”, sostuvo Lifschitz.
El legislador consideró además que un primer paso debe ser reconocer las dificultades de la situación actual, que se caracteriza por una marcada falta de confianza de la sociedad en la Policía y la sospecha generalizada, que se sustenta en casos ya comprobados, de complicidad entre integrantes de la fuerza policial con redes delictuales vinculadas al tráfico de drogas y la trata de blancas, entre otros temas.
“En ese escenario, se desenvuelve el accionar de las bandas y redes mafiosas en una disputa por el territorio y los negocios ilegales, actuando con un nivel de violencia y sofisticación no conocidas hasta ahora en la provincia de Santa Fe. Además, los hechos de violencia que se han sucedido en los últimos tiempos generan un clima de inquietud y temor en la población”, agrega el texto.
Por todo ello, “no es momento de disputas entre distintos organismos estatales, ni de competencia entre agencias de seguridad, sino de aunar esfuerzos y establecer objetivos comunes”, afirmó el senador.
Al tiempo que sostuvo que “hoy está la oportunidad de concretar un cambio en materia de políticas de seguridad que puede incluso, plasmar un nuevo paradigma en la Argentina, porque si de algo podemos estar seguros es que lo que ocurre en Santa Fe no es distinto de lo que ocurre en la mayoría de las provincias del país”.
Destacó la competencia y la responsabilidad primaria de prevenir, combatir, investigar y juzgar los delitos vinculados a la tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes es de los organismos de seguridad nacionales y de la Justicia Federal en todo el territorio nacional, incluida la provincia de Santa Fe.
Lifschitz manifestó que los pasos a seguir los deben definir el gobernador y el ministro de Seguridad, a la vez que enumeró “medidas que pueden resultar apropiadas para recuperar la confianza social en las fuerzas policiales y dotar de un marco de consenso a las decisiones que se tomen”:
-Convocar a los partidos políticos con representación parlamentaria y a la Corte Suprema de Justicia de la provincia para acordar las bases de una profunda reforma de la institución policial, que profundice el camino ya iniciado por el gobierno y construir un plan de acción que necesariamente debe incluir a las fuerzas de seguridad y a la Justicia.
-Convocar a los legisladores nacionales de la provincia, a las autoridades nacionales y a la Justicia federal para exigir presencia activa de las fuerzas de seguridad nacionales como Gendarmería, entre otras, y coordinación y articulación con las áreas provinciales respectivas, como también una mayor y más efectiva acción judicial.
-Convocar al Consejo de Seguridad provincial para mantener informada a la sociedad y generar acuerdos sobre las acciones que se decidan.
-Poner en marcha urgentemente la nueva Justicia penal en la provincia.
-Crear un organismo externo de control de la Policía.
El caso de Tognoli
Luego de entregarse el domingo a la noche en Santa Fe, el ex jefe de la Policía de la provincia, Hugo Tognoli, declaró este lunes ante la Justicia en los Tribunales Federales de Rosario, donde negó las imputaciones que lo vinculan al narcotráfico pero igual quedó detenido.
En principio se lo iban a llevar las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), pero se presentó el comisionado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pidió hacerse cargo de la situación, y, con aval del juez Carlos Vera Barros, se lo llevó detenido al aeropuerto de Fisherton. Lo trasladaron esposado.
Sobre el ex comisario recaen denuncias sobre presunta connivencia con responsables locales de la comercialización de estupefacientes, cuando encabezaba la división Drogas Peligrosas de la Policía.
