Luego de que explotaran las quejas de los vecinos de Melincué por un servicio penitenciario que se planea construir en la zona, el presidente comunal salió a aclarar este lunes que no se trata de una nueva cárcel sino del “traslado” de la que funciona en la ciudad.

“No es la construcción de una nueva cárcel sino el traslado, a 15 kilómetros de distancia, de la que está hace cien años en el centro del pueblo”, aseguró Gabriel Rébora en Radio 2.

En el programa La primera de la tarde, explicó que la actual alcaidía actualmente no funciona como tal sino que está saturada con 90 presos alojados allí, muchos de los cuales están condenados y deberían ser reubicados.

“Yo puse el grito en el cielo –por esta obra–, no la quiero, pero está todo votado, es un hecho consumado. Ya está aprobado por diputados, senadores y el gobernador. Ante la inminente construcción, vamos a ver dónde la instalamos”, señaló el intendente.

En las últimas horas, los habitantes de Melincué se manifestaron en contra del nuevo penal y reclamaron al gobierno provincial realizar una consulta popular debido a la falta de acuerdo. Según indicaron, la obra afectaría el perfil turístico de la localidad.

Rébora reconoció que se planea llevar a cabo un plebiscito para que el pueblo se exprese formalmente, aunque no estaba definida la fecha ni la modalidad.

Acerca de la nueva prisión

El futuro Instituto Penitenciario Nº 12 pretende ser construido en entre las localidades de Melincué y Miguel Torres, sobre la ruta provincial Nº 93, con un presupuesto de 60 millones de pesos.

Las instalaciones tendrán capacidad para 160 detenidos, que es el volumen de presos que soporta el departamento General López. Serán cuatro pabellones de dos pisos, con espacio cada uno para 40 reclusos –uno por celda– bajo la modalidad “celular”.

Cabe señalar que el predio tendrá 4 hectáreas, con doble cerco perimetral. Contará con servicios para la atención primaria de la salud, escuela, talleres, espacios para esparcimiento y salón de usos múltiples.

Deberá tener en cercanía agua, gas y pavimento, a pedido del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe. Además tendrá 8 celdas para resguardo físico, “Cámara Gesell” y necesitará cerca de 100 empleados del Servicio Penitenciario para que el lugar funcione con normalidad.

“Para ello se va a pedir al Ministerio de Seguridad, que se forme y capacite al personal en la zona. Van a ser cursos intensivos de 3 meses, con régimen de internado. Son nuevas fuentes de trabajo para General López e indirectamente, para el pueblo. Porque cuando estructuras de este tipo comienzan a funcionar, se valen de comercios y profesionales de la zona para su sostenimiento diario”, señaló el senador Lisandro Enrico, autor de la iniciativa.

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