Un grupo de legisladores argentinos, oficialistas y opositores, viaja este domingo a Washington para apoyar al país en el juicio que mantiene con fondos de inversión especulativos, en los días previos a que la Corte Suprema estadounidense decida si toma o rechaza el caso.
Los miembros de la comitiva parlamentaria prevén reunirse con legisladores de Estados Unidos para explicarles la necesidad de respaldar la reestructuración de la deuda que realizó Argentina en 2005 y 2010.
Los diputados que integran la delegación argentina son el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez; la jefa del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio; el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti; el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Estados Unidos, Ruben Uñac; el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Eric Calcagno; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Guillermo Carmona; el presidente de la Comisión de Finanzas, Carlos Heller; y el vicepresidente 2° de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Omar Perotti.
Por la oposición viajan el jefe del bloque Frente Renovador, Darío Giustozzi; el secretario de la Comisión de Finanzas, Federico Sturzenegger; el presidente del bloque Compromiso Federal, Walter Aguilar; y el diputado del Frente Unen, Martín Lousteau.
Los encuentros con los legisladores estadounidenses tendrán lugar en los días previos a la audiencia de la Corte Suprema del próximo jueves, y en ellos los parlamentarios argentinos les harán saber la voluntad de negociación de Argentina con los querellantes, en condiciones similares a las ofrecidas a los demás acreedores en 2005 y 2010.
Los denominados "fondos buitres" adquirieron deuda argentina con altos tipos de interés y riesgo, con la esperanza de obtener importantes beneficios mientras Argentina atravesaba la severa crisis económica y social que llevó a declarar el cese de pagos a finales de 2001.
En los canjes de deuda de 2005 y 2010, Argentina logró una adhesión del 93 % de los inversores para reestructurar una deuda en mora inicial de 102.000 millones de dólares, con una quita del 65 %, fuertes ahorros en intereses y plazos de pago extendidos.
En agosto de 2013, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó un fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa que obliga a Argentina a pagar a los fondos de inversión litigantes 1.300 millones de dólares.
La aplicación de esta decisión está en suspenso después de que Argentina presentase una apelación ante el Tribunal Supremo estadounidense el pasado febrero.
Tras el fallo de agosto, el Congreso argentino aprobó, a pedido del gobierno, una tercera apertura de canje de deuda con la esperanza de que ingresen el 7 % de acreedores que no lo hicieron en las reestructuraciones previas.
Los miembros de la comitiva parlamentaria prevén reunirse con legisladores de Estados Unidos para explicarles la necesidad de respaldar la reestructuración de la deuda que realizó Argentina en 2005 y 2010.
Los diputados que integran la delegación argentina son el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez; la jefa del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio; el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti; el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Estados Unidos, Ruben Uñac; el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Eric Calcagno; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Guillermo Carmona; el presidente de la Comisión de Finanzas, Carlos Heller; y el vicepresidente 2° de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Omar Perotti.
Por la oposición viajan el jefe del bloque Frente Renovador, Darío Giustozzi; el secretario de la Comisión de Finanzas, Federico Sturzenegger; el presidente del bloque Compromiso Federal, Walter Aguilar; y el diputado del Frente Unen, Martín Lousteau.
Los encuentros con los legisladores estadounidenses tendrán lugar en los días previos a la audiencia de la Corte Suprema del próximo jueves, y en ellos los parlamentarios argentinos les harán saber la voluntad de negociación de Argentina con los querellantes, en condiciones similares a las ofrecidas a los demás acreedores en 2005 y 2010.
Los denominados "fondos buitres" adquirieron deuda argentina con altos tipos de interés y riesgo, con la esperanza de obtener importantes beneficios mientras Argentina atravesaba la severa crisis económica y social que llevó a declarar el cese de pagos a finales de 2001.
En los canjes de deuda de 2005 y 2010, Argentina logró una adhesión del 93 % de los inversores para reestructurar una deuda en mora inicial de 102.000 millones de dólares, con una quita del 65 %, fuertes ahorros en intereses y plazos de pago extendidos.
En agosto de 2013, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó un fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa que obliga a Argentina a pagar a los fondos de inversión litigantes 1.300 millones de dólares.
La aplicación de esta decisión está en suspenso después de que Argentina presentase una apelación ante el Tribunal Supremo estadounidense el pasado febrero.
Tras el fallo de agosto, el Congreso argentino aprobó, a pedido del gobierno, una tercera apertura de canje de deuda con la esperanza de que ingresen el 7 % de acreedores que no lo hicieron en las reestructuraciones previas.
