Después de ocho años y medio, la causa por los atentados contra diputado provincial y actual titular del PJ local, Eduardo Toniolli, en la que se identificó y detuvo como uno de los responsables a un sargento del Batallón 121 del Ejército, iría a juicio ya que en una audiencia realizada el viernes pasado la fiscalía rechazó que el acusado haga una probation, tal cual pidió la defensa.

Ese acto público se llevó a cabo en los Tribunales Federales de Rosario. Allí Toniolli, que estuvo acompañado por sus abogados de HIJOS, reclamó que “se haga el juicio para conocer la trama de complicidades y además sentar un precedente para cualquier otra amenaza a testigos de delitos de lesa humanidad”.

La probation implica la suspensión del juicio a cambio de la realización de tareas comunitarias, por parte del acusado Fernando Conrado Carabajal, de 30 años. Por eso la negativa de la fiscalía. El juez federal Jorge Venegas Echagüe anunció que dará a conocer durante los próximos días la definición del Tribunal. 

“La verdad es que nos enteramos de casualidad de la realización de esta audiencia, en la que la defensa del imputado apostaba a que pase desapercibida y solicitar sin oposición una probation”, explicó Toniolli.

“Nosotros ?agregó el legislador del Frente para la Victoria y militante de Hijos? entendemos que esto no puede terminarse con un gesto de reparación tal cual propone la probation, porque de esta manera estaríamos echando un manto de impunidad a un intento de amedrentar a testigos, que sentaría un nefasto precedente”.

El diputado por el Movimiento Evita recordó el contexto en que se produjeron aquellos hechos “cuando recién se iniciaba este proceso tantos años reclamado por los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes”, y además “en el marco de las definiciones tomadas por el gobierno de Néstor Kirchner, de convertir esos reclamos de justicia, en política de Estado”.

En ese marco Toniolli recordó “la resistencia que provocó dentro del propio Ejército, que llevó al gobierno a realizar una fuerte purga”.

Toniolli, sus abogados y compañeros de HIJOS dejaron en claro la necesidad de que se haga el juicio, tanto “para conocer la trama de complicidades que se esconden detrás de la acción de este sargento”, como para “sentar fuerte un precedente para evitar cualquier otra amenaza a testigos y querellantes de delitos de lesa humanidad”.

La amenaza y la detención

La madrugada del 6 de noviembre de 2003, arrojaron una granada de fabricación militar contra el cristal del cybercafé El Eternauta de Mitre 1187, que era propiedad de Eduardo Toniolli, querellantes de la causa Quinta de Funes, que hacía poco había sido reabierta.

El atentado se convirtió en el pico de una escalada de amenazas que había soportado Toniolli en ese tiempo una de las figuras públicas más visibles de la lucha por el juicio y castigo en la ciudad, por su militancia en la agrupación HIJOS Rosario.

En diciembre de 2003 el juez de instrucción Osvaldo Barbero ordenó la detención de un miembro activo del Servicio de Inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército, en el marco de la investigación iniciada por uno de los atentados. La detención se produjo en el Batallón de Comunicaciones 121, que fue allanado por las Tropas de Operaciones Especiales, al igual que el edificio del Comando del Segundo Cuerpo, de Sarmiento al 1300.

Los investigadores habían llegado al detenido por un testigo que identificó a una motocicleta la noche del atentado, a bordo de la cual huyeron quienes arrojaron la granada. El detenido resultó ser el sargento Carabajal, nacido en la provincia de Salta, y quien prestaba servicios en el Departamento de Inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército desde hacía un año.