El nuevo año arrancó con malas noticias para los policías santafesinos. Es que el gobierno decidió bajarles, por decreto, el sueldo básico que antes era de 150 pesos y ahora de 180. Muchos agentes, sin embargo, no van a notar la diferencia: es que la diferencia se les compensa "en negro". El problema es que aportes y bonificaciones se reducen. Y que no hay compensación para los policías que recién ingresan a la fuerza.

Se trata del Decreto 3106/06, de fecha 24 de noviembre de 2006, que fue firmado por Jorge Obeid y Roberto Rosúa y entró en vigencia en el contexto de aplicación de la nueva Ley de Personal Policial Nº 12.521. “Una ley que se promocionó como democrática, pero que evidentemente tiende a la prescindibilidad encubierta”, aseguró Alberto Martínez, secretario general de Aropol, cesanteado por su actividad gremial, a Rosario3.com.

Ese decreto aplica una rebaja de 70 pesos en el sueldo básico del suboficial de policía llevándolo de 250 a 180 pesos. “Si uno se fija en el total, se cobra lo mismo porque más abajo del detalle del básico aparece una suma de 70 pesos en concepto de «complemento sueldo básico» con carácter no remunerativo, pero el problema es que la disminución del básico significa para el agente una rebaja en el aporte a la caja de jubilaciones a la obra social y al sindicato, entre otras consecuencias”, explicó Martínez.

Y la situación es aún peor para los agentes que ingresen a la Fuerza a partir de ahora. Ellos cobrarán el sueldo con la rebaja ya aplicada y sin la compensación no remunerativa que cobran quienes prestan servicio actualmente.

La medida fue aplicada de modo unilateral por el gobierno provincial a los 15 mil agentes policiales de Santa Fe a cargo de la seguridad de los ciudadanos y evidentemente reporta un beneficio económico al Estado provincial que, a partir de ahora, tendrá una erogación menor de dinero en concepto de cargas sociales para esos 15 mil empleados.

Este jueves Apropol y otras representaciones gremiales policiales iniciarán el reclamo en sede administrativa, mediante la presentación en la jefatura de Policía de Rosario de un caso testigo. “Pero allí no va quedar el reclamo. Estamos evaluando impulsar un recurso de amparo ante la Justicia para que los 15 mil damnificados recuperen un derecho ya adquirido y menoscabado por el propio Estado provincial”, adelantó Martínez.