La Justicia procesó a dos mujeres por promoción y facilitamiento de la prostitución investigadas desde hace tiempo por la secretaria de Delitos Complejos y detenidas y liberadas en marzo de este año en un allanamiento realizado en la zona de la terminal de ómnibus. Escuchas telefónicas en poder del juzgado de Instrucción Nº 12 probarían que las acusadas cobrarían un porcentaje a un grupo de prostitutas que trabajan en dos viviendas de Santa Fe al 3800. Ambas adujeron que lo recolectado era para pagar el alquiler de los inmuebles que todas usaban para trabajar y señalaron estar organizadas en una cooperativa.

Según publicó Rosario 12, las procesadas hablaron de una cooperativa de trabajo en las que ellas figuraban como responsables de los inmuebles, y negaron regentear el lugar, allanado el 12 de marzo de este año. Una de ellas se identificó incluso en su declaración como la encargada de “reunir el dinero” para pagar el alquiler y los impuestos de uno de los lugares allanados.

Sin embargo, para la Justicia, ello “no guarda relación con el resto del material probatorio”. De acuerdo al fallo del juzgado de Instrucción Nº 12, las imputadas “no solo entrevistaban a las alternadoras (trabajadoras sexuales) antes de ser contratadas, sino que además administraban el lugar, percibiendo de lo cobrado por las mujeres que trabajaban en los locales, por los encuentros sexuales”.

Tal fue la conclusión de la jueza Mónica Lamperti, en época que estaba a cargo de Instrucción 12º, a partir del “tenor de las comunicaciones registradas” en escuchas telefónicas.

El monto, sin embargo no pudo ser precisado; varía de diez a 20 pesos por servicio o 100 pesos por día.

Tras los allanamientos de marzo, algunas trabajadoras sexuales se manifestaron en contra de este tipo de procedimientos que consideraron una persecución por parte del gobierno provincial.