El Colegio de Abogados de Rosario repudió la metodología con que el Poder Ejecutivo provincial designó a quienes se desempeñarán como ministro de de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y procurador general de la Corte respectivamente.

Tras una reunión de la que participaron los matriculados, el Colegio emitió una resolución de repudio a los mecanismos de consulta implementados por el ejecutivo provincial que son posteriores y no previos a la designación de los funcionarios judiciales.

El presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Arturo Araujo aseguró estar de acuerdo con la candidatura del abogado penalista rosarino Daniel Erbetta como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, para cubrir la vacante dejada por la renuncia de Rodolfo Vigo, pero mostró reparos a la hora de hablar de la posibilidad de que el presidente del Colegio de Magistrados y camarista santafesino, Agustín Bassó, asuma como procurador general de la Corte, en reemplazo de Jorge Bof.

Más allá de su opinión sobre los candidatos impulsados por el gobernador Jorge Obeid, Araujo se quejó de que en el proceso de selección no hubieran sido consultados los colegios profesionales, entidades intermedias y ONGs, entre otros sectores.

El presidente del Colegio de Abogados planteó: "Como colegio nos hubiera gustado que nos hubiera consultado". Luego distinguió: "Personalmente creo que la designación de Erbetta es muy buena, es un colega que conocemos, prestigioso, que tiene más de 30 años de profesión y es docente universitario, reúne perfectamente condiciones que aspirábamos para recomendar a alguien".

Pero otra fue su postura al ser consultado sobre Bassó, sobre quien planteó sus reparos. "Es el presidente del Colegio de magistrados de Santa Fe, algo así como el defensor del gremio de abogados, de manera que no nos parece la persona más indicada para ese cargo".

Araujo dijo además que el Colegio de Abogados trabajará en la elaboración de un proyecto de ley que establezca la creación de mecanismos de consulta previos a la designación de los magistrados judiciales, para que estas situaciones no sigan repitiéndose.