La Cámara de Diputados aprobó este jueves por la noche, en forma general, el nuevo Código Procesal Penal de la provincia. Aunque algunos hablan de "reforma" lo concreto es que prácticamente se baraja y da de nuevo. Es que, con la nueva normativa, Santa Fe dio el primer paso para pasar de los actuales juicios escritos a los juicios orales, una fuerte modificación en el sistema judicial que se estima costará cerca de 130 millones de pesos.

El debate se planteó a partir del proyecto enviado por el gobernador Jorge Obeid envió en el marco del Plan Estratégico Provincial para la Justicia Santafesina, pero también gracias a las iniciativas de los diputados Santiago Mascheroni (UCR) y Danilo Kilibarda (PJ) y los aportes de distintos legisladores y colegios de abogados durante los debates a que fuera sometida la iniciativa en las comisiones de la Cámara.

Entre otros cambios, se plantea que el fiscal sea instructor de las causas, tarea que hasta ahora estaba reservada al juez de Instrucción. De esta manera, la figura del juez de Instrucción desaparecerá ya que los jueces cumplirán estrictamente su labor: juzgar. Pero también se plantea la ampliación de los derechos de la víctima y la introducción de una nueva figura del "querellante".

Aunque hubo acuerdo en general, las dudas planteadas por algunos legisladores apuntaban a cómo se realizaría la implementación y qué sucederá cuando los dos sistemas, el actual y el futuro, coexistan.

El proyecto prevé una fecha tope para que la reforma judicial se aplique a modo de experiencia piloto: junio de 2008. Pero aún falta un paso clave: una vez aprobado en Diputados, el proyecto debe ahora ser debatido y aprobado por el Senado.