Hay dos objetivos políticos centrales que el gobernador Maximiliano Pullaro se propone cerrar en el segundo semestre de 2026: por un lado, concluir la renovación de la Corte Suprema; por el otro, consolidar el vínculo político-institucional con el gobierno de Javier Milei en un punto en el que la Casa Gris no está dispuesta a ser aliada del gobierno libertario, pero sí a contribuir a la gobernabilidad.
Pullaro no acompañó al presidente en la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán porque no está alineado con la Casa Rosada ni necesitado, como otros gobernadores radicales y de Provincias Unidas que sí fueron. Es decir, no se sumó a la foto que el presidente quería para mostrar apoyos después de haber sostenido a Adorni durante cuatro meses.
Sin embargo, sí se prestó para la foto que Diego Santilli buscaba desde noviembre pasado, cuando entró al gobierno libertario como ministro del Interior. En aquel entonces, el avión que llevaba a Santilli provincia por provincia para sacarse fotos con los gobernadores tuvo que pasar de largo por Santa Fe.
Foto por la foto misma, no —le dijo el santafesino—. Si hubiera una agenda de temas concreta para trabajar, sí.
Charlas entre Pullaro y Santilli hubo muchas desde entonces, pero recién el miércoles pasado, ocho meses después, se dio la foto conjunta. La oportunidad les cerró a ambas partes. Pullaro no quería aparecer haciendo seguidismo de Milei, pero tampoco quería que su ausencia se interpretara como un desaire. Y el gobierno, al fin de cuentas, sumó una foto con el santafesino.
Santilli y Pullaro repasaron la agenda bilateral tema por tema, incluidos algunos asuntos que ya venían trabajando desde el Ministerio del Interior.
Entre ellos, la Caja de Jubilaciones. En mayo, Nación restableció pagos mensuales a cuenta del capital para cubrir el déficit previsional de 2026. Ahora está en marcha el trabajo entre técnicos nacionales y santafesinos para definir los montos adeudados de los años 2020 a 2025 inclusive.
También se habló del adelanto de coparticipación que la Nación puso a disposición de Santa Fe. Son 400 mil millones de pesos a una tasa de interés mucho más baja que la de cualquier crédito de mercado. El gobernador blanqueó la posibilidad de tomar el dinero y no devolverlo.
Suena fuerte, pero, en la práctica, se trata de hacerse de los fondos y tomarse hasta fin de año para negociar que, en lugar de devolverlos, el ministro Pablo Olivares pueda descontarlos de las acreencias que la provincia tiene contra la Nación.
La puerta de entrada sería el programa de compensación de deudas que la Nación ideó para resolver sus obligaciones con las provincias sin poner un mango. Hasta hace poco, Santa Fe se rehusaba a adherir porque no le debe plata a la Nación y, por lo tanto, no había nada que compensar. Pero, ante la posibilidad de acceder a fondos frescos y contabilizarlos a cuenta de impagos que sufrieron gobiernos provinciales anteriores, para la provincia en general y para la administración Pullaro en particular es un negocio redondo.
Santilli deberá encargarse de que Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, acepten esa posibilidad, porque nadie presta dinero sabiendo que quien lo toma no tiene intención de devolverlo, por más deuda a favor que tenga.
Otro tema que repasaron fue el traspaso de inmuebles del Estado nacional a Santa Fe. En dos años y medio no se transfirió ni uno, pero en la Casa Gris dicen que el asunto tomó un nuevo impulso con Santilli.
La Nación pretende cancelar con inmuebles una parte menor de la deuda previsional que está bajo litigio en la Corte. La Casa Gris se mostró interesada desde el vamos. Entre esos bienes están los proyectos de viviendas Procrear que Milei paralizó al asumir y no tiene la menor intención de reactivar.
Hay 390 viviendas abandonadas en la capital provincial; 580 en Rosario; 256 en Pérez; 139 en Las Parejas; 48 en Rafaela y 39 en Gálvez. Excepto las de Rafaela, que tenían un avance de obra del 63 por ciento cuando fueron paralizadas, el resto se encuentra entre el 12 y el 40 por ciento.
Pullaro apuesta a que Santilli destrabe la cesión de esas aproximadamente 1.200 viviendas para terminarlas con fondos propios, o bien con parte de los 400 mil millones del anticipo de coparticipación que la provincia pretende no devolver.
También hablaron de política, que es el aspecto que hoy más le interesa a la Casa Rosada tratar con los gobernadores. Repasaron la pila de proyectos que se le acumuló al gobierno en el Congreso a causa del caso Adorni.
Sin embargo, el más crítico para la Casa Rosada todavía no ingresó al Congreso. Lo denominan reforma política, pero en realidad se trata de una reforma electoral parcial para eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y habilitar listas colectoras que fortalezcan la candidatura de Milei en 2027. En el medio se encendió una luz roja: Patricia Bullrich ya expresó su negativa a las colectoras.
Lo esencial para el gobierno es desactivar las PASO. Dicho con más precisión: quitarle al peronismo —y a otras fuerzas políticas de la oposición— la herramienta para dirimir candidaturas y ordenar sus internas.
Especula, no sin razón, que sin las PASO el peronismo corre serio riesgo de romperse y, por lo tanto, dividiría sus votos en la elección general y perdería posibilidades de llegar a un balotaje, como ocurrió en 2023.
Es un reaseguro que la Casa Rosada pretende darse ante la incertidumbre de que Milei pueda conseguir la reelección en primera vuelta con el 45 por ciento de los votos o con una diferencia de diez puntos sobre el segundo. El balotaje es como los mata-mata del Mundial.
El problema no sería solo para el peronismo si se eliminaran las PASO. La UCR, el PRO u otros frentes que pudieran conformarse también enfrentarían dificultades. Para ellos, y para todo aquel que no sea el PJ o la izquierda, el gobierno ofrece habilitar listas colectoras: una suerte de sálvese quien pueda, con partidos aliados y dialoguistas fragmentados, pero todos tributando a la candidatura de Milei.
La hipotética fractura del peronismo nacional por la falta de PASO podría irradiarse a varias provincias. Lo que le sirve a Milei podría ser funcional a los intereses de gobernadores del PRO, radicales y de partidos provinciales. Incluso podría debilitar a gobiernos del PJ que buscan la reelección y alimentar las expectativas de sus adversarios.
Todo el sistema político está pendiente de cómo evolucionen las conversaciones.
Las PASO ya fueron suspendidas en las elecciones legislativas del año pasado y podrían correr la misma suerte. La derogación lisa y llana no parece reunir consenso, pero sí alguna alternativa intermedia. El senador santafesino Marcelo Lewandowski, del PJ, dijo esta semana en RTS que “posiblemente un punto intermedio sean las Primarias Abiertas y Simultáneas, pero no obligatorias”.
La ecuación de Santilli es construir la reelección de Milei mediante la suma del capital electoral del presidente y una reforma electoral que debilite a la oposición e incline la cancha a favor del oficialismo.
Los gobernadores como Pullaro miran a distancia, a la espera de los acontecimientos. Será determinante lo que ocurra en este segundo semestre con el peronismo-kirchnerismo. Si ven que toma volumen electoral y que existe riesgo de que vuelva al gobierno, cerrarán filas de una u otra forma. De lo contrario, mantendrán viva la idea de construir una alternativa, como se hablaba antes de que Adorni renunciara y el gobierno retomara la iniciativa.
La renovación de la Corte
En el proceso de renovación de la Corte hubo momentos de tensión, choques y confrontación, y otros de negociación, acuerdos y elogios. Los actuales son días de transición en una tensa calma.
La mirada está puesta en el próximo 30 de noviembre. Esa es la fecha límite que el gobierno trazó para la salida de los últimos dos ministros de la vieja Corte que están en condiciones de retirarse.
Altas fuentes de la Casa Gris reproducen con firmeza lo que califican como una “decisión tomada del gobernador”.
“Ni un día más del 30 de noviembre”, repiten.
Lo hacen con la convicción de que Pullaro firmará el decreto de cese de funciones si para esa fecha no se hubieran hecho efectivas las renuncias de Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco.
Uno del centro-norte y el otro del sur de la provincia, Gutiérrez y Falistocco fueron los dos ministros de la Corte que más poder concentraron durante las últimas tres décadas. El ingreso de Daniel Erbetta en 2007, a instancias del gobernador Jorge Obeid, buscó establecer un contrapeso, aunque desde una abrumadora posición de minoría.
Eso hace que la salida de Falistocco y Gutiérrez, a pesar de que ambos superaron los 75 años establecidos como edad límite, sea diferente de las de María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuller. Los dos primeros disfrutan de su retiro desde hace tiempo y el santafesino Spuller anunció con nueve meses de anticipación su renuncia, efectiva a partir del 1.º de septiembre.
Por el contrario, Falistocco y Gutiérrez estiran los plazos al máximo para conservar su influencia y poder de decisión durante el mayor tiempo posible. Conocedores de las dinámicas del poder, se niegan a fijar una fecha precisa de retiro, como les pidió el Ejecutivo. Solo concedieron la idea de una salida “a fin de año”.
Saben que fijar la fecha es como ponerse un vencimiento. Las expectativas se desplazarían definitivamente hacia las terminales de poder con futuro.
De allí el “me iré cuando yo quiera” que Rafael Gutiérrez repite en un juego de declaraciones y desafíos que repercute en los medios de comunicación y puertas adentro de los tribunales, pero que hasta ahora no mereció ninguna reacción del Poder Ejecutivo, que sigue dando por válida aquella promesa de irse “a fin de año”.
En realidad, los acuerdos se vienen cumpliendo. Gutiérrez quiso presidir la Corte por última vez en 2026 e inaugurar los edificios judiciales de Casilda y de la ciudad de Santa Fe. Para eso asumió compromisos dentro y fuera del tribunal, lo que le permitió ser elegido con la sola abstención de Jorge Baclini y que el Ejecutivo acelerara las obras para terminarlas en mayo y junio.
Hay desavenencias en curso, pero circulan por otro carril. La más pública gira en torno al conflicto institucional, todavía no resuelto, con el Ministerio Público por la reducción de espacios en el nuevo edificio judicial de la capital.
El otro desacuerdo se vincula con dos concursos para cubrir cargos decisivos en el ejercicio del gobierno del Poder Judicial. Uno corresponde a una vacante muy relevante en la Dirección General de Administración y ya está paralizado. El otro es el cargo de secretario de Gobierno.
Acuerdos y tironeos en la transición
La Corte Suprema está en plena transformación. Ya ingresaron tres ministros y están previstos otros tres recambios de acá a fin de año. El reemplazo de seis de los siete integrantes —solo permanece en el cargo Erbetta— equivale a un terremoto si se tiene en cuenta que el Judicial es el poder con menor rotación y dinamismo de los tres.
Ese terremoto dispara reconfiguraciones múltiples y simultáneas. Una de ellas es la del esquema de reparto territorial del poder en lo referido al gobierno del Poder Judicial. Un acuerdo no escrito determinaba que los ministros del norte no se metían en los asuntos del sur y viceversa.
Ese esquema funcionó durante muchos años en torno a Rafael Gutiérrez en el norte y Roberto Falistocco en el sur. En el caso de Rosario estuvo algo más disputado desde que Erbetta se incorporó al tribunal.
Una de las tensiones de estos días lleva esa marca geográfica. Antes de irse, Gutiérrez quiere dejar cubiertas vacantes muy relevantes en la Dirección General de Administración y en la titularidad de la Secretaría de Gobierno. Rubén Weder y Eduardo Spuller lo acompañan. Los tres son del centro-norte e integran un mismo esquema de poder que hasta ahora fue mayoritario en la Corte.
Ambos cargos son estratégicos. Quienes accedan a ellos trabajarán bajo los criterios y liderazgos de la nueva Corte. ¿Tiene lógica, entonces, que los defina esta Corte? ¿No significaría un condicionamiento?
Los ministros de Rosario —al menos Zabalza, Baclini y Erbetta— no están de acuerdo. Tampoco el Ejecutivo, que, si bien no tiene injerencia en las designaciones, no quiere resabios de la vieja Corte después de haber desarticulado el férreo esquema de poder que dominó el máximo tribunal de la provincia durante tres décadas.
El concurso para cubrir el cargo de contador se frenó por un planteo de los ministros del sur, que no están dispuestos a que una función tan estratégica sea definida por los ministros de Santa Fe con la excusa de que su sede está en la capital, cuando en realidad administra recursos de toda la provincia. Quedó en pausa y se espera que se retome cuando esté constituida la nueva Corte.
Es muy probable que ocurra lo mismo con el concurso para cubrir la Secretaría de Gobierno, aunque existe una diferencia: los ministros del centro-norte reivindican que les corresponde designar al sucesor de Eduardo Bordas porque, tras la acordada de mayo pasado, la Secretaría de Gobierno solo ejerce tareas funcionales sobre las jurisdicciones 1, 4 y 5, correspondientes a Santa Fe, Reconquista y Rafaela.
Además, recuerdan que los ministros del sur resolvieron —“sin que los del norte se metieran”— que fuera el secretario letrado Carlos Crespo quien asumiera las tareas funcionales correspondientes a las jurisdicciones 2 y 3, Rosario y Venado Tuerto. Cabe aclarar que en este último caso no había una vacante.
En definitiva, están en tensión tanto los criterios de reparto territorial excluyente que imperaron durante estas tres décadas como la intención de los ministros salientes de dejarle a la nueva Corte funcionarios instalados en cargos estratégicos.
Antes del 30 de noviembre, la película debería estar terminada.
