La reforma laboral de Javier Milei se convertirá en ley esta semana cuando los senadores le den sanción definitiva. El presidente pretende pararse el 1° de marzo ante diputados y senadores y degustar delante de ellos no sólo un triunfo político puntual, sino la promesa implícita de que habrá más, tras haber quebrado, gracias a las elecciones de octubre, una mayoría parlamentaria que le era adversa. No es una mayoría propia, pero tiene aliados estables y otros circunstanciales que le permiten un margen de maniobra que tres meses atrás no tenía.
Aunque sin otro dato más que los llamativos cambios de opinión de algún que otro diputado e inesperados acompañamientos a la ley, legisladores del bloque de Unión por la Patria agitaron los fantasmas de la ley Banelco, oprobiosa mancha de corrupción que marcó el principio del final del gobierno de Fernando De la Rúa. A su turno, el presidente de la bancada, el rosarino Germán Martínez, dijo que el gobierno “ofreció packs” para que distintos diputados o gobernadores no libertarios ayudaran a sacar la ley adelante ya sea con el quorum, con la votación general o con determinados artículos. “Vaya uno a saber a cambio de qué”, planteó.
Una posibilidad es interpretar esas sospechas lanzadas al voleo como pura impotencia de un peronismo que no puede recuperarse del gobierno de Alberto Fernández, carente de liderazgo y proyecto y protagonizado por dirigentes que se sospechan y acusan unos a otros.
Otra posibilidad es detenerse a mirar las debilidades que arrastra la reforma laboral, que se aprobó a las corridas, forzando plazos y, efectivamente, sacando votos de la galera. A su vez dejó de lado las alertas de jueces, especialistas en derecho laboral, constitucionalistas y colegios profesionales sobre la inmediata judicialización de la ley por razones de inconstitucionalidad.
Tampoco puede dejarse de notar que los libertarios no lograron (ni se desesperaron por buscar) apoyos contundentes. Un dirigente socialista usó una metáfora bélica para retratar el trámite parlamentario: “La impusieron a sangre y fuego”, en referencia a la decisión del oficialismo de “bajar los votos” y no negociar nada. Eso fue posible, claro, con acuerdos previos, no necesariamente vinculados a la letra de la ley, que le garantizaron el apoyo de un puñado de legisladores de provincias, el control de la calle y el “cuidado” del debate público.
Lo opuesto a imponer una reforma laboral “a sangre y fuego” es un diálogo institucional que, sin ser una excusa para que nada cambie como dé tiempo a la construcción de acuerdos sustentables, entre un gobierno legitimado en las urnas de un lado de la mesa y trabajadores y empresarios en las otras sillas. Para eso no alcanza con el Consejo de Mayo.
La dificultad reside en que este gobierno no cree en acuerdos institucionales ni son su objetivo. Profundamente dogmático, el presidente y su staff apuesta a doblegar y debilitar a los sindicatos, a desequilibrar la balanza en favor de la parte del capital.
No puede negarse que el gobierno dio una prueba de determinación y carácter. Pero sacar leyes con pies de barro sin darse tiempo ni detenerse en alertas tiene consecuencias. Una de ellas será la inmediata judicialización.
La ausencia de celebración de quienes según Caputo deberían estar saltando en una pata de alegría porque pagarán menos contribuciones patronales es otro dato a tener en cuenta.
No hay dudas que la ley recoge intereses y planteos de sectores empresarios que vienen de larga data, pero entonces ¿por qué no celebran? En buena medida la reforma se hizo en nombre de ellos, pero no con ellos. Es una reforma del gobierno, a la medida de su ideología y de sus compromisos. Esa es la razón del apuro y el ADN de todo esto: exigencias del Fondo Monetario Internacional, el compromiso con grandes corporaciones y la convicción ideológica de los libertarios de que hay que romper el modelo sindical.
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) era un pedido del FMI. Se armará un negocio financiero de privados con dinero que dejará de entrar al sistema previsional y que éste o futuros gobiernos utilizarán como mercado de deuda, como fueron antes las AFJP o el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lo que nadie explica es qué pasará con el nuevo quebranto del sistema previsional que provocará la reconversión de los aportes patronales a un ahorro forzado de las empresas para pagar indemnizaciones. La reforma previsional, próximo objetivo del gobierno, mostrará algunas cartas en ese sentido.
Las empresas de telecomunicaciones y la economía de plataformas son las grandes beneficiarias de la reforma laboral. Lo de éstas últimas es muy manifiesto porque las blinda definitivamente de cualquier responsabilidad con su fuerza de trabajo por medio de un marco jurídico que consagra las relaciones laborales que habían impuesto de hecho ante el vacío legal existente.
La renovación de la Corte santafesina
El jueves la Legislatura provincial aprobará los pliegos de tres nuevos ministros para la Corte Suprema de Justicia. Es otro hito en el proceso de renovación del máximo tribunal, que a esta altura es un propósito de radicales, socialistas y el PRO, pero en el que también están involucrados sectores de la oposición.
La Asamblea Legislativa, con votos de Unidos, al menos una parte del peronismo y acompañamiento parcial de otros bloques aprobará los pliegos de Aldo Alurralde, Diego Maciel y Jorgelina Menghini en reemplazo de Eduardo Spuller, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez.
De los tres ministros en funciones, sólo Spuller formalizó su renuncia con fecha de septiembre. Falistocco y Gutiérrez se comprometieron a dejar el cargo en noviembre en declaraciones públicas, pero no lo hicieron por escrito. En la práctica, no renunciaron.
La situación es inédita por donde se la mire. Tanto por la actitud de Falistocco y Gutièrrez como la del gobierno que busca nombrar reemplazantes para cargos que están vacantes de palabra.
El Colegio de Magistrados acercó “una opinión” a la Legislatura sobre el procedimiento y al margen de los nombres propios. Ve el riesgo de un precedente a futuro: ¿qué pasaría si mañana un gobierno que tiene mayoría legislativa pierde las elecciones y en su salida hace aprobar pliegos para cargos que no están vacantes? El ejemplo es difícil de imaginar, pero bien vale escudriñar todas las aristas del asunto.
Entre lunes y jueves, el Ejecutivo y los bloques oficialistas analizarán caminos para fortalecer el andamio jurídico que requiere la movida y que demandan los opositores antes de definir si acompañan y en qué casos.
Los tres candidatos deberán asistir el miércoles a la entrevista ante la comisión de Acuerdos y el jueves será la hora de la votación. El componente cualitativo (acompañamiento de sectores de la oposición, y en especial del peronismo, teniendo en cuenta que Falistocco fue promovido por el gobernador Víctor Reviglio y Gutiérrez por Carlos Reutemann) será tan importante como el cuantitativo. Del volumen político que reúna el oficialismo depende cuán fuerte sonará el mensaje en la cúpula del Poder Judicial.
La aprobación de los pliegos, sobre la que no hay duda, apuesta a redoblar la presión sobre los jueces Falistocco y Gutiérrez. “Se llegó a un punto límite, ¿hasta cuándo?”, se preguntaba el viernes un senador radical, tiempo atrás contemplativo de sus tiempos y trayectoria y ahora molesto con ambos jueces. “Se dialogó, se les dio tiempo de que se queden hasta fin de año como querían, que estén en funciones para inaugurar los edificios nuevos de tribunales, pero este juego no puede continuar”.
Otro legislador oficialista recuerda que el límite de 75 años está definido en la Constitución Nacional, en la nueva Constitución de Santa Fe y en la ley de reforma del Poder Judicial sancionada en diciembre de 2024. Posicionar en la puerta de la Corte a los reemplazantes es un eslabón más de esa cadena.
El oficialismo confía en un amplio abanico de apoyos. Los senadores del peronismo fueron parte de los acuerdos constitucionales que fijaron los 75 años como límite. La postulación de Diego Maciel, actual secretario administrativo de la Cámara alta, de extracción radical pero que ha tejido confianzas transversales tras años de convivencia, imanta más allá del bloque de poder que anida en el bloque oficialista. A su vez el exgobernador Omar Perotti, líder de un bloque de cinco diputados, fue el primero en ser parte del acuerdo para renovar la Corte. Rubén Weder integra el tribunal a instancia suya.
El reemplazante de Spuller, cuya vacante ya está oficializada, podría sumar votos por afuera de Unidos y el peronismo. Sería el caso de Somos Vida, que dirige Amalia Granata, siempre y cuando se especifique quién es el reemplazante, ya que no está en el decreto de propuestas.
Falistocco y Gutiérrez entienden que el límite de 75 años no aplica jurídicamente para ellos porque fueron nombrados bajo una Constitución provincial que no tenía límites de edad. Dieron la palabra de que dejarán el cargo este año, pero no lo escriben en un papel.
La desconfianza es un ingrediente central en esta película. Unidos cree que ambos jueces especulan con el momento del gobierno tras la elección de octubre. Bajo esa convicción el Ejecutivo cortó la espera y mandó pliegos de reemplazantes.
Objetivamente el momento del gobierno de Pullaro no es el mismo que el de los dos primeros años, cuando su figura y su gestión se consolidaron y encadenaron triunfos políticos e invertían capital político en reformas que otros no se animaron.
La semana que pasó, definitoria de la paritaria con los estatales, el gobierno se anotó una de cal y otra de arena. UPCN y ATE aceptaron la propuesta salarial y los docentes la rechazaron. A diferencia de los años precedentes, el contundente rechazo del gremio docente, que incluye un plan de lucha con protestas tanto en las ciudades como localidades pequeñas y un paro de 24 horas pone de nuevo en crisis la idea de la Casa Gris de un desacople entre el sindicato y sus bases.
Pero si el vínculo se tensiona con los docentes y la caja se achica por la caída de la actividad y la coparticipación nacional, el gobierno de Maximiliano Pullaro se abraza a la obra pública y la seguridad como hitos de la gestión. Este sábado difundió los resultados parciales pero contundentes en caída de homicidios, heridos y robos en lo que va del año. Y este lunes inaugurará el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. Una obra que lleva el sello de la gestión Pullaro.
