Si algo le quedó cómodo al gobierno de Santa Fe es que la Casa Rosada haya pedido que el presidente de la Nación fuese el único orador del acto que se hizo este sábado en conmemoración de la Batalla de San Lorenzo. La Casa Gris, que es la organizadora del acto, no puso reparo alguno.
Para el intendente Leonardo Raymundo todo fue ganancia por la sola jerarquización que supone la visita presidencial, la trascendencia de su ciudad y las repercusiones.
Pullaro, en cambio, cede el protagonismo excluyente que Milei demanda para sí, pero se ahorra una segura controversia. Porque hablar en un acto con el presidente a la par lo obligaría a repetir face to face los reclamos que él y sus ministros le hacen en el día a día: rutas destruidas, deuda previsional, recorte de fondos y ausencia de políticas productivas. Repasar ese trending topic propio antes de que hable el presidente podría motivar una réplica inmediata. Nadie quiere eso en este momento.
Por el contrario, el momento político manda reafirmar cada uno su identidad, explicitar coincidencias y diferencias pero sin cruzar líneas invisibles que lleven a una guerra inconveniente y anticipada. Ya se escribió mil veces: la mayoría de los santafesinos que pusieron a Pullaro y Milei donde están son los mismos. Sería un error forzarlos a elegir por uno u otro bando cuando las elecciones de 2027 están lejos y son separadas.
Las idas y vueltas en el vínculo entre los gobiernos provincial y nacional representan batallas puntuales, no la guerra. El oficialismo santafesino acompaña, o al menos no entorpece, los planes del gobierno en el Congreso, al tiempo que agita el parche con su agenda de demandas no escuchadas. Enfrente, los libertarios tampoco aprietan el acelerador a fondo como en provincias gobernadas por opositores peronistas, aunque cada vez que tienen oportunidad tiran nafta en las redes.
La película de los 800 millones
Esta semana voceros libertarios reprocharon a Pullaro la decisión –primicia en esta columna– de dejar en Estados Unidos los casi 800 millones de dólares obtenidos por emisión de títulos de deuda para obra pública. Concluyeron que la provincia perdió 76 mil millones de pesos por no haber liquidado esos dólares en el Banco Central, teniendo en cuenta que el precio del dólar bajó 0,6% desde que se hizo la operación, más lo que hubiera obtenido de intereses en plazo fijo.
La chicana política está dentro de las reglas de juego, pero lo cierto es que los dólares son los mismos y que la decisión sigue siendo traer montos parciales en la medida que necesite pagar certificados de obra. Ese plan se alteraría si alguna entidad financiera local con las que se está conversando ofrece condiciones que justifique traerla toda junta y, una vez convertida a pesos, garantice que no perderá valor.
El ministerio de Economía que dirige Luis Toto Caputo también achaca a Santa Fe haber “especulado” con la posibilidad de una devaluación brusca a fin de año que no ocurrió. De nuevo: como chicana en redes cotiza, pero como argumento tiene demasiados flancos débiles. Protegerse de devaluaciones en Argentina es un instinto elemental que practica desde el un pibe que cuida sus primeros ahorros hasta los millonarios. Y le guste o no Caputo y Milei a finales del año pasado había condiciones objetivas para suponer que un camino posible era devaluar. De hecho acababa de intervenir Donald Trump con un salvataje financiero de última instancia para salvar el plan económico de Milei.
Y si el argumento pretendió ser moral, en el sentido de que estaría mal dejar el dinero afuera en lugar de apostar por la economía del país (en realidad por las políticas de Milei y Caputo), es extraño que provenga de quienes llaman héroes a los que fugan dinero y preservan ahorros y forman capital en paraísos fiscales del exterior bajo el argumento de que la Argentina no es confiable.
Azul profundo
Si algo caracterizó al gobierno de Unidos en los dos primeros años fue la centralidad permanente y el control de la agenda de gestión, con la única excepción de marzo de 2024, cuando bandas criminales lanzaron una cruenta campaña de terror en las calles de Rosario.
Ese control se rompió la semana que pasó, cuando el gobierno tuvo que salir a dar respuestas a reclamos de quienes revistan en la base de la Policía provincial por condiciones de trabajo.
“Estos dos años la policía cumplió. Le pedimos un montón de trabajo que jamás le habían pedido, y los resultados fueron muy buenos. Incluso mejores de lo que nosotros mismos esperábamos. Entonces, ante un reclamo legítimo por mejores condiciones de trabajo lo que tenemos que hacer es atenderlo”.
La frase fue pronunciada en el corazón de la Casa de Gobierno de Santa Fe tras los anuncios de mejoras económicas para todo el personal de calle. Los montos se escalonan según si trabajan en los dos grandes conurbanos de la provincia, ciudades intermedias o localidades de menor conflictividad. El plus de 500 mil pesos para los casos de Rosario, Santa Fe y sus ciudades aledañas, que se incrementan en el caso de quienes conducen patrulleros, es una cifra muy relevante comparada con adicionales o reconocimientos a otros sectores estatales.
Además, como uno de los reclamos es por los tiempos de traslado, al ser buena parte del personal de localidades que están a mucha distancia, si el uniformado se queda en Rosario durante el tiempo de descanso, en adelante tendrá cubierto el alojamiento.
Las medidas contemplan la profundización de los programas de salud mental y facilitamiento de los tiempos de conectividad. La postal de policías haciendo dedo en rutas y autopista tiene una de sus razones en la pronunciada pérdida de conectividad y frecuencias de trasnporte público en la postpandemia, sumado a un fuerte incremento en el costo de los pasajes.
El gobierno atendió rápido una demanda que, afirma es más por condiciones de trabajo que salarial. Las condiciones hacen al núcleo de la política de seguridad, que tiene como una de sus prioridades un despliegue operativo intenso y numerosos de patrulleros y caminantes en calle.
“No estaban acostumbrados. Esta gestión puso orden, porque cuando llegamos cada quien hacía lo que quería. Ahora se cumple el reglamento de 12x36 y eso llevó a que uniformados jóvenes que no son de Rosario estén cansados y con muchas horas de traslado encima”, explica una fuente gubernamental que de inmediato aclara que “los sueldos de las fuerzas de seguridad de Santa Fe son el doble de los federales”. Repite la idea: “Todo este tiempo les exigimos y respondieron mejor de lo que esperábamos. Se sumó que venimos de un mes de mucha presión para lograr los resultados que se consiguieron” (en referencia a que fue el enero con menos heridos y homicidios).
La rápida reacción oficial incluyó la revalidación del vínculo. “Somos un gobierno pro-policía”, afirmó el ministro de Seguridad Cococcioni interesado en dejar en claro que el reclamo no rompería la alianza de trabajo entre el gobierno y la fuerza de seguridad. La consultora Laura Etcharren, lo acentuó en redes sociales en términos más académicos: “No es que es un Gobierno pro policía. Es un Gobierno que sabe que debe articular con la Fuerza de forma reactiva y proactiva. Estar en contra, destratar o desatender los reclamos no es funcional a la seguridad”.
El conflicto
Lo inesperado para el gobierno es haber tenido que correr detrás de un acontecimiento en el área de seguridad, que es su principal expertise, en la que consiguió muy buenos resultados y en la que se juega buena parte del contrato electoral con los santafesinos.
Seguridad es el único ministerio que desde el día uno de la gestión Pullaro no tiene restricciones presupuestarias. Es prioridad y eso lo saben todos los ministros, especialmente Pablo Olivares, que administra la caja provincial.
A pesar del llamado de atención que recibió, la Casa Gris destaca que la Policía no perdió operatividad por el reclamo, que nadie abandonó su puesto de trabajo ni hubo huelga de brazos caídos. En definitiva, que nunca estuvo comprometido el servicio policial.
También se señala que “por primera vez no se escucharon reclamos por falta de combustibles, patrulleros o uniformes. Todo lo que refiere a elementos de trabajo desapareció de la lista de quejas”.
Una fuente que conoce y trabaja en Seguridad introdujo matices. Su planteo fue que tras dos años de invertir como nunca en infraestructura de seguridad –patrulleros, armas, uniformes, estaciones policiales, monitoreo urbano, inteligencia artificial, penitenciarias, cárceles, helicóptero, etc.– es momento de poner la atención en la otra pata del sistema, que es el personal.
El gobierno sabe que hizo mucho en materia de seguridad, pero también entiende que debe trabajar confuerzas de seguridad en una provincia estructuralmente desequilibrada en cuanto a la complejidad de los delitos que enfrenta, pero también por la procedencia de sus integrantes. Esto último demanda una logística y políticas de incentivos y bienestar que son caras, complejas y quizás nunca satisfaga del todo.
