Las discusiones tienen lugar cuando hay una validación entre las personas. Cuando alguien decide que una voz no merece ser escuchada, la posibilidad de intercambio desaparece. Eso ocurrió cuando el periodista deportivo Daniel Avellaneda se refirió a Florencia de la V utilizando una identidad que no es suya y, aun después de que se le señalara que Florencia es una mujer, él insistió. El episodio generó críticas y volvió a poner en escena una palabra que, aunque ya forma parte del lenguaje cotidiano, todavía incomoda a algunos sectores cuando se la nombra: transfobia.
Todo ocurrió en un pase de Radio Rivadavia. El periodista deportivo se mostró en desacuerdo con un tuit de la conductora y reaccionó al aire. “Este señor tiene la mente equivocada”, dijo y agregó: "Es un señor, es un señor impresentable, una vergüenza". Lo que resulta más interesante del ataque de Avellaneda es que Flor no estaba hablando de su identidad. Estaba hablando de una decisión que tomó la jueza Laura De Marinis y de cómo considera ella que los medios deciden sobre la Justicia en base al nombre del sobreseído. Sin embargo, la respuesta no fue discutir aquello que había dicho, sino cuestionar quién era ella para decirlo. Ahí radica el problema.
Cuando una persona expresa una opinión, se puede estar de acuerdo o no. Se pueden encontrar argumentos sólidos o equivocados. Se puede discutir, refutar, incluso considerar absurdo eso que otro dice. Esa es, justamente, la lógica de una conversación democrática. Pero para eso primero hay que reconocer al otro como interlocutor. “Discútanme lo que dije”, respondió Flor. Y esa frase condensa todo el episodio. No pidió que estuvieran de acuerdo con ella, no tomó su palabra como una verdad absoluta por ser quien es. Reclamó algo mucho más básico: que la discusión tenga lugar y sea por lo que escribió, que por ende es lo que piensa y sostiene.
La escena permite pensar en una forma de violencia que excede el insulto. Una violencia que aparece cuando la identidad de una persona se convierte en el argumento utilizado para desautorizarla. No importa entonces qué dijo. Importa quién lo dijo. Una lógica anticuada que Avellaneda sostuvo incluso a la salida de la radio cuando una colega mujer lo esperaba para entrevistarlo y tras un par de preguntas terminó llamando a la policía, queriendo romper el teléfono con el que se lo grababa y haciendo señas despectivas para la periodista.
Durante mucho tiempo, las mujeres tuvimos que demostrar que somos suficientemente preparadas, suficientemente racionales, suficientemente serias para ocupar determinados espacios y aún así, en algunos lugares donde se toman decisiones importantes, seguimos ausentes. Las personas LGBT+ atravesaron —y todavía atraviesan— una batalla similar por el reconocimiento de su palabra. No alcanza con tener algo para decir: muchas veces también debemos demostrar que tenemos derecho a decirlo.
Con ese escenario histórico y bien conocido, el problema en cuestión no puede terminar sólo en el comentario de un periodista. También alcanza a los lugares donde esos comentarios ocurren. ¿Qué responsabilidad tienen los medios cuando una persona es deslegitimada dentro de un estudio? ¿Es suficiente con que alguien - sorpresivamente Joni Viale . intervenga para corregir el término utilizado? ¿Qué sucede cuando el resto de la conversación continúa como si nada hubiera pasado? ¿Y con las periodistas como Cristina Pérez que están en la conversación pero guardan silencio porque no les gusta “la polémica”?
La libertad de expresión habilita la discrepancia pero no obliga a ser neutrales frente a la discriminación y el odio. Porque hay una diferencia sustancial entre decir “no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo” y decir, explícita o implícitamente, “tu identidad invalida lo que estás diciendo”. La primera es una discusión. La segunda es una forma de silenciar, menospreciar e invalidar a alguien por ser quién es. Y eso constituye una de las tantas formas de violencia que se naturalizan y minimizan.
Lo hacen con total impunidad porque total, ¿quién los va a juzgar o sancionar por discriminar a mujeres y disidencias en un país donde las políticas públicas para erradicar la violencia de género fueron aniquiladas por la motosierra?
