Continúa este lunes el juicio contra Ariel Máximo "Guille" Cantero, líder de Los Monos, y parte de su banda por balaceras de 2018 dirigidas a domicilios de jueces, de policías que investigaron a la organización narco y edificios judiciales. Está a cargo del tribunal conformado por los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto y se desarrolla con los acusados de forma virtual, a través de videoconferencia, para minimizar riesgos, sobre todo tras la balacera del miércoles a la noche contra el Centro de Justicia Penal de Rosario donde se celebra.
De acuerdo a lo que informaron en Radiópolis (Radio 2), en la jornada de hoy se abordarán las balaceras contra el juez Manfrin que tuvieron lugar el 29 de mayo de 2018. Declarará personal policial e incluso la propia víctima. Un primer ataque se produjo contra una vivienda de Italia 2118, a metros de la comisaría 5ª a las 21.20; y una segunda balacera contra una casa de Montevideo al 1000 a las 21.40. En Italia al 2100, se secuestraron seis vainas y tres plomos, y en Montevideo y Sarmiento, cinco vainas y un plomo. Por entonces, el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro reconoció que el traslado de Guille Cantero y Ema Chamorro a cárceles federales, efectuados en esa jornada, era una de las hipótesis que se barajaban como motivaciones del ataque.
Este lunes, trascendió que podría prestar su declaración Guille Cantero, quien había pedido la palabra el viernes pasado pero finalmente no habló ante los magistrados. En esa oportunidad, solo se manifestó cuando el tribunal le preguntó sobre su actividad y lanzó la frase polémica que fue interpretada como intimidante, cuando afirmó tener como "oficio" el "contratar sicarios para tirar tiros a jueces judiciales (sic)". Sin embargo, se descartó esa posibilidad ya que el imputado no participará de la ausencia ya que recibe una visita de su esposa Vanesa Barrios en el penal de Marcos Paz.
La investigación tuvo a once personas imputadas, de las que solo siete llegaron a este juicio, ya que las cuatro restantes aceptaron procedimientos abreviados y ya están condenadas. El debate oral y público que empezó este viernes se presume que terminará el 16 de septiembre después de que desfilen unos 80 testigos.
En total, se van a juzgar 14 balaceras, de las cuales una no tiene relación con el Poder Judicial y habría sido ordenada por la imputada Lucía Uberti para exigir plata a una persona por una deuda por droga; y otras dos que fueron hacia domicilios vinculados a Ariel Lotito y Luis Quevertoque, policías que trabajaron en la División Judiciales de la Unidad Regional II, participaron en la investigación a Los Monos y declararon luego en el juicio.
Ariel Cantero fue trasladado al penal federal de Resistencia, Chaco, el 30 de mayo, al día siguiente de los ataques contra las viviendas de Manfrín. La saga continuó con "Guille" trasladado. El tercer atentado fue el 30 de junio en Braile al 1400, domicilio del policía Ariel Lotito y continuó el 1 de julio en Gálvez al 5900, vinculado al policía Luis Quevertoque.
El 13 de julio, los custodios del padre del juez Vienna fueron atacados a tiros en Laprida al 3600.
El 26 de julio comenzó otra seguidilla que tuvo como objetivo más frecuente a la jueza Marisol Usandizaga. Fueron cuatro los ataques en su contra: Zeballos al 2500 (26 de julio de 2018), Dorrego al 1600 (27 de julio de 2018), Libertad al 300 (4 de agosto 2018) y en Buenos Aires al 1700 (10 de agosto de 2018), también en domicilios en los que ya no vivía.
El fiscal Moreno, durante la primera audiencia, siguiendo una línea cronológica, explicó que también fueron atacadas casas en las que vivieron dos juezas que habían sido designadas el 24 de julio de 2018 como integrantes del tribunal de segunda instancia, cuerpo que debía revisar las condenas a Los Monos. Los ataques en esos casos fueron el 13 de agosto de 2018 en San Luis al 1400, vinculado a la magistrada Gabriela Sansó; y el 5 de agosto de 2018 en Tarragona al 700 bis, relacionado a Carolina Hernández.
Otros dos ataques fueron a edificios judiciales: el 4 de agosto de 2018 al Centro de Justicia Penal y el 14 de agosto a la sede de Fiscalía de Montevideo al 1900. El último hecho ocurrió el 26 de agosto, cuando arrojaron a la sede de la ex Policía de Investigaciones de Lamadrid al 500 bis una granada de gas lacrimógeno.
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