Este jueves se llevó a cabo la audiencia imputativa a los cinco financistas ligados a la empresa Cofyrco que fueron detenidos, acusados de lavado de dinero narco y de encubrimiento pero por ahora todos en libertad.

Se trata de Fernando V., Patricio C., Guido G. y Teodoro F., que ocupaban cargos dentro de la firma y a Sergio Z. que operó como intermediario del narcotraficante asesinado Marcelo “Coto” Medrano”.

Durante la audiencia, el fiscal Sebastián Narvaja imputó formalmente a Fernando V., Patricio C., Guido G., y Teodoro F. por los delitos de lavado de activos y tenencia ilegítima de documentos de identidad. Se hizo referencia a 174 tarjetas de DNI que fueron encontradas en la empresa durante el allanamiento y que correspondían a personas que lo habían extraviado.

Con respecto a la acusación de lavado de activos, el fiscal explicó que es por haber vendido 17.776 dólares a Marcelo “Coto” Medrano el mediodía del 10 de septiembre de 2020. Ese día por intermedio de Sergio Z. (también imputado por lavado de activos), Medrano entregó la suma de 2 millones 350 mil pesos en efectivo.

De acuerdo a Narvaja, ese dinero fue “obtenido de actividades criminales” ya que Medrano no cuenta con antecedentes de actividades económicas lícitas.

El monto entregado fue utilizado en operaciones de compra de moneda extranjera dentro del mercado legal de cambios, en operaciones de préstamos de dinero, de cambio de cheques y de adelantos de sumas en efectivo, con la consecuencia que dicho dinero circulara en el mercado, con la posibilidad que adquiriese la apariencia de un origen lícito.

Tras la imputación, el juez Gustavo Pérez de Urrechu hizo lugar al acuerdo entre el fiscal y los abogados de los imputados. El mismo consiste en que todos los acusados seguirán ligados al proceso en libertad pero pesando sobre ellos cauciones reales y personales. Además, Teodoro F. y Sergio Z. deberán presentarse semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial.

Con respecto a las cauciones, los detenidos pusieron como garantía inmuebles, un automóvil y una motocicleta. Además de tener que contar con la aceptación de una persona ajena a la causa de hacerse responsable en el caso de que alguno de los imputados se fugue o entorpezca la investigación.