El pulso de la siempre agitada crónica policial de Rosario estuvo signado, en los últimos días, por los casos de homicidio y de extorsión a comerciantes. Este último, un rubro con fuerte ligazón al uso ilegal de teléfonos celulares en distintos penales de la provincia. Una marca registrada de la criminalidad local que, pese a varias investigaciones exitosas, no se logra prevenir ni desactivar. “Estamos presos de una industria de la extorsión que está en las cárceles", se ofuscó el intendente Pablo Javkin esta semana, consultado por una ola de aprietes a comerciantes del distrito sur y sudoeste.
Ocurre que varios comerciantes de la zona de bulevar Oroño desde Seguí hasta Uriburu recibieron por los WhatsApp de sus locales –de acceso público– una serie de mensajes extorsivos en nombre de "los Cantero". En los chat, les exigían a las víctimas un pago de dinero en efectivo bajo amenaza de atacar a balazos los comercios o empleados en caso de que se negaran.
Una investigación del fiscal de Balaceras Pablo Socca y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) condujo a un recluso de la cárcel de Coronda que, provisto de un celular, enviaba los mensajes extorsivos. La pareja de este interno fue detenida. En el mismo procedimiento, que tuvo lugar en Oroño y Doctor Riva, fue arrestado y luego liberado un hombre que había sido coaccionado para que se encargara de realizar los cobros.
La imputación contra Brian Ezequiel Figueroa, este viernes en el Centro de Justicia Penal (CJP), posee varios de los lugares comunes del rubro. El interno en cuestión fue detenido el 26 de marzo de 2018 y casi un año después fue condenado a 8 años de prisión en un acuerdo abreviado por cuatro robos calificados cometidos en la zona céntrica. El encierro y el uso ilegal de celulares, según la acusación, lo arrastraron al rubro extorsivo. Aún con más de la mitad de su condena cumplida y con posibilidad de obtener salidas prontamente.
Es que, en palabras de un operador judicial, “los tipos (internos) tienen que pagar un montón de comodidades en el Servicio Penitenciario; quieren tener un televisor, comer un asado, poner una pelopincho, tienen que pagar. Está todo tarifado y necesitan plata para pasarla mejor y mantener a su familia. Hay gente que está jugada, con 20, 25 años de condena y no les importa que los agarren. De 20 intentos, quizá diez le salen bien y junta «un palo»”.
Otros intentos de obtener dinero por medio de extorsiones, según conocedores del mundo carcelario , obedecen a la necesidad desesperada de internos de pagar “por protección” a los dueños del pabellón, espacios hoy gerenciados por referentes narcocriminales que lucran en prisión. Es decir, el pago por favores y para evitar el verdugueo en el infierno de la “tumba”.
En nombre de los Cantero
"Hola te hablamos por lo siguiente. Estamos agarrando todo el barrio que está atrás de la fábrica y todos los comercios de Oroño y Seguí hasta Uriburu. Tienen que pagar $ 250 mil y no te molestamos todo el año, o $ 50 mil por semana", fue el mensaje que recibió la madrugada del lunes 16 de enero un comerciante de Oroño al 4100. El apriete seguía así: "Eso es para no agarrarte a tiros todas las semanas, para no mandar a los pibes y agarrarte a alguien de ahí de tus trabajadores y darle un tiro, que no te lo prendamos fuego y muchas cosas más. Es una sola cuota, o si no pagás tenés problemas con la mafia. Atte. La Mafia. Plata o Plomo".
La misma secuencia vivieron otros cinco comerciantes que tienen locales en Oroño desde las alturas 4100 al 4800 y en Avenida Uriburu al 1500. Las amenazas eran realizadas a nombre de "la monada" o "los Cantero", en referencia al archiconocido clan narcocriminal con sede en barrio La Granada y poder en vastos sectores de la zona sur. A todos les exigían el mismo pago: uno de $ 250 mil en efectivo por única vez o una cuota semanal de $ 50 mil.
Las medidas investigativas arrojaron que en imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia de la zona de los comercios pudo verse a una mujer pasar en bicicleta y mirar los locales. En uno de ellos dejó una nota manuscrita que decía: "¿Qué hacemos, pagan o no? O tiramos tiro".
Luego, personal de la AIC simuló una negociación con los extorsionadores con el celular de una víctima ala que le habían entrado los mensajes amenazantes. En el transcurso de las conversaciones, los extorsionadores ofrecieron una cuenta bancaria para que el pago se realizara por transferencia, quedando así expuesta la identidad de Carla María Belén P. Luego se comprobó que era la misma persona que las cámaras de videovigilancia habían detectado merodeando por los locales.
El martes esta mujer fue detenida en su casa de barrio Moderno, donde vive con sus hijos de 1 y 8 años. Luego los investigadores supieron que la mujer organizaba las extorsiones junto a su pareja reciente, que no era otro que Figueroa. Los mensajes extorsivos salían de un celular que el recluso tenía en prisión, según se comprobó en primera instancia por el impacto del mismo en la antena de la cárcel.
Este viernes, el fiscal Pablo Socca confirmó las imputaciones para la pareja. Ambos fueron acusados por los delitos de extorsión en grado de tentativa y en grado consumado, mientras que solo Figueroa se le atribuyó el delito de amenazas coactivas. El juez Nicolás Foppiani confirmó la prisión preventiva por el plazo de ley para ambos.
