Luego de escuchar este viernes las imputaciones a tres empleados del Correo Argentino bajo sospecha de haber montado un “servicio paralelo” de despacho de encomiendas internacionales en Rosario, el juez federal Eduardo Rodrígues da Cruz resolvió que los acusados continúen el proceso en prisión domiciliaria. Insólitamente, un cuarto involucrado llegó tarde a la audiencia de formalización de cargos y el magistrado definirá si permanece en libertad. Otros tres ciudadanos que receptaban los productos, principalmente juguetes e insumos de odontología y estética, también quedaron vinculados al legajo judicial cuya principal imputación es el contrabando agravado.
La investigación, a cargo de la fiscal federal Soledad García, llevó ante el juez al empleado ya jubilado Hugo L. –hasta su retiro, encargado de la sección de encomiendas internacionales–; a Eduardo C. –jefe del Nodo Rosario– y a su pareja, Maia L., encargada de hablar con los destinatarios, cobrar dinero y coordinar las entregas. Esa función la compartía con el imputado rezagado, Juan A.
De acuerdo con la acusación, los empleados de la empresa estatal en la sucursal de Córdoba 721 “idearon un sistema paralelo a los mecanismos establecidos legalmente para el ingreso de mercaderías extranjeras al país”. La maniobra, según la fiscalía, “consistía en sustraer directamente las encomiendas que llegaban en las sacas desde el depósito de la localidad bonaerense de Monte Grande” para entregarlas directamente en los domicilios de los destinatarios. De ese modo evitaban el control aduanero y el pago de tributos que corresponden a las mercaderías ingresadas al país mediante el Régimen de Envíos Postales Internacionales.
El delito imputado es contrabando agravado y está encuadrado en el Código Aduanero, con tres agravantes: la participación de más de tres personas, la intervención de empleados públicos y un monto superior a tres millones de pesos.
Según la acusación, ambas partes salían ganando: los imputados ofrecían el servicio a cambio de embolsar el 50 por ciento de los tributos que debían pagar los destinatarios.
La Fiscalía Federal detectó al menos tres usuarios de este circuito ilegal, aunque podría haber más. Uno es un importador de Arroyo Seco con un local en Rosario que fue allanado en abril pasado. Había adquirido juguetes coleccionables y álbumes musicales en CD y vinilo por un valor de 155 mil dólares, según el reporte.
La fiscal García describió el encuadre legal, las atribuciones y la evidencia que sustentó la hipótesis oficial del caso. Y recordó que las maniobras ocurrieron al menos desde 1° de enero de 2023, y la investigación comenzó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que advirtió inconsistencias respecto de encomiendas internacionales que no había sido entregadas.
Principalmente, la Fiscal exhibió chats y conversaciones entre los imputados que demostraron el rol que tenía cada uno. En esos intercambios explícitos se confirmó la logística confeccionada para tal fin, las transferencias de dinero en pesos y dólares entre billeteras virtuales de los imputados producto de la ganancia por el servicio de ilegal, referencias explícitas a la tarifa y el cobro a los destinatarios, y zonas para el despacho.
El magistrado dispuso que los tres imputados –el matrimonio, representado por Paul Krupnik y Martín Marini, y el empleado jubilado por Fernando Sirio– sigan el proceso en prisión domiciliaria.
