Escuelas cerradas y comisarías valladas. La imagen impacta y es simbólica: es la respuesta que dio el Estado después de atentados o por temor a sufrir ataques. Pero son, lamentablemente, parte de las instituciones que las bandas criminales usaron como medio para mandarse mensajes a través de balaceras o notas intimidatorias. Hubo también, cabe la aclaración, establecimientos educativos –muy pocos– que fueron amenazados por estudiantes, según una investigación llevada adelante por la fiscal Valeria Haurigot de la unidad de Balaceras. Un mapa desarrollado por Rosario3 pone en evidencia esa violencia que atraviesa a la ciudad por estos tiempos, como complemento del mapa de los homicidos de este año que también fue publicado por este medio este jueves. 

Las comisarías y las escuelas no son objetivos al azar. Un ataque a esas instituciones garantiza prensa y miedo de la población, combustible usado por las organizaciones para ostentar poder. Esos establecimientos se suponían sagrados, intocables, pero ya no lo son

Tampoco fueron intocables otros edificios, como la cárcel de la zona oeste –que fue baleada tres veces este año–, la oficina de Asuntos Penitenciarios, sucursales bancarias de Rosario, Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez, sindicatos de distintos rubros o la mismísima sede de la Agencia de Investigación Criminal.

La estación de servicio de Moreno y Arijón tampoco quedó afuera. Dos sicarios en moto dispararon contra el minishop, hirieron a dos mujeres y a una nena, y arrojaron una nota dirigida a presos. 

Foto: Alan Monzón/Rosario3

Ni el entorno del capitán de la selección argentina Lionel Andrés Messi quedó exento. El supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo (esposa del futbolista) fue atacado a inicios de marzo pasado en Lavalle al 2500, donde también dejaron un cartel cuyo contenido fue difundido a nivel local, nacional e internacional

En algunos de los lugares atacados hubo previamente un mensaje extorsivo. En otros ni siquiera existió situación previa. 

El caso de las escuelas es el más complejo de todos. Cuatro fueron baleadas: Santa Isabel la Católica, José Mármol, el complejo educativo Rosa Ziperovich (dos veces) y Brigadier López. En todos esos ataques se dejaron papeles dirigidos a presos. 

Pero también hubo escuelas que recibieron amenazas de balaceras. La modalidad fue mediante notas o comunicaciones a sus directivos (mensajes de texto vía Whatsapp o llamados telefónicos). A diferencia de las históricas amenazas de bomba, estas intimidaciones cobraron mayor trascendencia porque estuvieron basadas en hechos que realmente ocurrieron en la ciudad

Una escuela baleada en Rosario (Alan Monzón/Rosario3)

Algunas –muy pocas– de las intimidaciones fueron hechas por alumnos de las mismas instituciones o por estudiantes de otras escuelas, de acuerdo a la causa que cobró impulso esta semana en los allanamientos realizados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Otras, aún no esclarecidas, se infiere que fueron hechas por bandas narco. 

Otro de los episodios de esta saga que reviste una gravedad sin precedentes es el tema de las comisarías. Cuatro seccionales fueron baleadas: la subcomisaría 26ª, la comisaría 32ª, la 16ª y la 20ª. Pero también fueron arrojadas bombas molotov en la subcomisaría 2ª y 24ª y en las comisarías 12ª y 15ª.

Lo llamativo de algunos de los atentados es que no hubo persecución policial. Incluso, en el caso de la comisaría 32ª el que disparó se desplazaba en bicicleta y no fue detenido. En Rosario también los delitos se repiten o reproducen por la poca capacidad de frenarlos, sea por responsabilidad de la Policía a la hora de arrestar como de la Justicia a la hora de dejar preso al presunto autor del hecho.  

Comisarías valladas, toda una descripción de lo que pasa en Rosario (Ana Isla/Rosario3)

Los edificios policiales fueron vallados en abril pasado por decisión del Ministerio de Seguridad de Santa Fe ante el temor de atentados, ya que sus fachadas están vidriadas. Es que esas comisarías fueron pensadas para otra realidad, para otra criminalidad. Sin embargo, no deja de impactar que el lugar en el que se presume que debe brindar seguridad a la población sea el más inseguro, ya sea para los propios agentes a la hora de trabajar, como para los vecinos que viven al lado de esos inmuebles.