Las empresas agroexportadoras y los gremios aceiteros activaron en las últimas horas conversaciones en busca de poder llegar a un entendimiento que desactive para la Navidad la huelga que desde hace 16 días tienen paralizados las aceiteras y los puertos cerealeros.
Luego de que la semana pasada fracasara el intento de mediación del gobierno nacional y de que las empresas reclamaran sin éxito al Ministerio de Trabajo para que intervenga de manera más decisiva en el conflicto, y después de que las partes cortaran por varios días las comunicaciones cruzándose duros cuestionamientos, Rosario3 averiguó que en las últimas horas se reactivaron de manera muy reservada y confidencial las negociaciones. Y, al menos, en los primeros contactos coincidieron en la conveniencia de que no se siga extendiendo el paro.
Esta tarde, el Sindicato Aceitero de San Lorenzo, que talla gremialmente en las terminales del norte del Gran Rosario, extendió por un día más la huelga, que ya lleva 16 días. Por el lado de la Federación de Trabajadores Aceiteros, que tiene injerencia en los puertos del sur del Gran Rosario, hace 13 días que está de huelga junto con el gremio de recibidores de granos (Urgara).
El paro está impactando en el mercado de granos porque ocurre en plena cosecha fina. Pero como el trigo no tuvo un buen en año en mucha zonas de Córdoba y Santa Fe tampoco hay grandes volúmenes esperando por embarcar, y eso le da margen de tiempo para negociar a las empresas. No obstante, tampoco el plazo para mostrar los dientes sin conversar es infinito.
"La industria aceitera está entre las 5 ramas de actividad (de entre 255, según Ministerio de Trabajo) que paga los salarios más altos, $143,9 mil en promedio en septiembre de 2020 (contra $56,7 mil para todo el sector privado)”.
En concreto, el trigo que va para procesamiento en las industrias molineras para distribución en el mercado interno se comercializa normalmente porque allí la actividad no hay huelga y la actividad no se frenó, a diferencia del cereal que va a exportación y que sí sufre la parálisis de los puertos. Es más, hay 100 barcos en el sistema esperando por embarcar (a razón de u$s25,000 por día de demora) encareciendo el costo logístico del agro.
Por el lado de la soja y maíz, pese a que hubo un fuerte repunte de precios global, como no se está trasladando a los valores internos (en parte por el paro) tampoco hay mucha oferta de productores y por ende gran presión de los productores por entregar y cobrar, como sí ocurre hacia mayo con el ingreso de la soja nueva. No obstante, hay muchos contratos foward (a futuro) sin entregar que tendrían que haber sido puesto en puerto en los últimos días. En definitiva, el paro afecta todo el giro comercial y si se sigue extendiendo, además de las pérdidas, terminará impactando en el ingreso de dólares al país por no haber exportaciones de granos que liquidar.
Pese a que de manera confidencial se volvieron a activar los teléfonos, públicamente, las partes se siguen mostrando firmes. Los sindicatos plantados con sus exigencias y las industrias mostrando que sus finanzas no están como para aguantar los reclamos. Incluso, hoy se sumó al debate el economista de la Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón, quien resaltó lo llamativo de la extensión del conflicto cuando “la industria aceitera está entre las 5 ramas de actividad (de entre 255, según Ministerio de Trabajo) que paga los salarios más altos, $143,9 mil en promedio en septiembre de 2020 (contra $56,7 mil para todo el sector privado)”.
Los gremios exigen aumentar un 25% salario básico inicial (que es de $68,000) más una suba del 35% (un 25% ya fue otorgado) y un bono por haber trabajado en pandemia.
Las empresas ratificaron su compromiso de un aumento que equipare a la inflación del Indec, aclaran que -sumando adicionales- el salario básico ya está en $100 mil al mes y resaltan que el “bono pandemia” viene con una suba del 176% que las obligaría a tomar deuda por $1,000 millones para pagarlos. Y además sostienen que este año los números del negocio (con costos crecientes y plantas con alta capacidad ociosa) no pueden convalidar las subas exigidas por los sindicalistas.
