Este viernes a las 10 se realizará una audiencia entre Terminal Puerto Rosario (TPR) y el sindicato de estibadores (Supa), y está vez hay más expectativas entre las partes de avanzar en un entendimiento que termine con el conflicto laboral que ayer tuvo su día de furia con los violentos destrozos en la Municipalidad y el Concejo.

La probabilidad de avanzar en un acuerdo aparece porque, finalmente, el grupo chileno Ultramar (uno de los socios de la empresa concesionaria de los muelles I y II del puerto de Rosario) tomó el control de las negociaciones. Hasta ahora, solo intervenían gerentes (general y de recursos humanos) y directivos de la otra empresa socia (Vicentin), ambos sin poder de decisión firme adentro de TPR. 

En cambio, ayer tomó la rienda de las negociaciones un nuevo director por TPR que es hombre de Ultramar, y que además llegó con mandato pleno de la casa matriz chilena para negociar. Se trata de Raúl Moreira, quien ayer mismo tomó contacto con directivos del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) y del gobierno provincial. Es que, además de la solución del conflicto laboral (que se inició por el pedido del sindicato de reapertura de paritaria que fue rechazado por la empresa), está el tema de fondo: ¿Ultramar se quiere quedar en el puerto? Y si se quiere quedar debe ponerse en línea con las inversiones necesarias.

En rigor, la mayoría accionar de TPR era de Vicentin (70%) teniendo el restante 30% la chilena, que es la operadora real de los muelles. Ultramar, controlado por la familia de Von Appel (de origen alemán), es un peso pesado a nivel América latina en el negocio de la logística y uno de los principales holdings empresarios de Chile. Por ejemplo, controla 12 puertos concesionados en Chile, Brasil, Argentina y Uruguay; además de operaciones en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Hasta la caída de Vicentin, en diciembre de 2019, la aceitera santafesina -además de tener la mayoría accionaria- tenía el control institucional del puerto, siendo su figura visible Gustavo Nardelli mientras que puertas adentro se encargaba Carlos Bello, otro directivo por Vicentin en TPR.

A partir del default, y sobre todo de las complicaciones penales de los dueños de la aceitera, los chilenos empezaron a tomar control (operativo y accionario) de TPR hasta llegar en la actualidad casi a compartir la tenencia accionaria. Ese proceso no estuvo ajeno a inconvenientes. Pero con Vicentin imposibilitado de hacer inversiones, TPR empezó a aflojar con el cumplimiento de sus compromisos como concesionario del puerto local.

Pero todo ese proceso de toma de control de los chilenos no estuvo exento de contratiempos. Por un lado, perdieron al gerente general que habían puesto (Rodrigo Galleguillos), que se fue a otra empresa de la competencia, y luego el nuevo director que pusieron para conducir el proceso, y uno de los ejecutivos importantes de Ultramar en Argentina, Alejandro Bohtlingk, nunca pudo acomodarse del todo por graves problemas de salud. De hecho, la llegada de Moreira en octubre fue por las razones de salud de su antecesor.

Por esos inconvenientes, en definitiva, Bello y Nardelli seguían tallando en las conversaciones con el gremio, con todo lo que eso supone en su particular forma de trato, pero tampoco sin real poder de decisión porque ahora el dinero sólo lo tiene los chilenos.

Ante este recambio de control, la escalada del conflicto laboral y el menor cumplimiento de sus obligaciones contractuales (hubo retrasos en el pago del canon), ya desde mediados de año los directores del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) le pedían a Ultramar que fije postura de fondo: ¿se quieren quedar o no en Puerto Rosario? Y si la respuesta era afirmativa, los invitaban a debatir un plan de inversiones en serio con el organismo de control.

Lo cierto es que la escalada del conflicto hizo que el propio gobernador (pero también autoridades nacionales, como la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y el propio ministro de Economía, Sergio Massa) gestionaran en el más alto nivel que Ultramar se siente de una vez a negociar en serio por el puerto con sus propios ejecutivos (y con poder de decisión) ya que hasta ahora, como se dijo, hubo gerentes y abogados sin atribuciones reales.

Si bien, el primer paso de Moreira es negociar un acuerdo al conflicto salarial (que se disparó por un reclamo de apertura paritaria que ahora derivó en pagos parciales de salarios y medio centenar de despidos), que llegue investido con poder de decisión de la casa matriz chilena puede ser el primer paso para responder las preguntas de fondo.