El financista Daniel Casanovas, que arrastra múltiples denuncias por estafa tras su millonario default en 2019, fue detenido este viernes. También quedó presa su mujer, Samanta Bravo, quien participa accionaria y directivamente en muchas de las sociedades del grupo.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió las detenciones porque a las imputaciones que ya acumulaba el financista (por fraude, administración fraudulenta y violaciones a la reglamentación del warrant) le sumarán nuevas imputaciones por estafa y ahora también por colusión. Además, se baraja la posibilidad de que se sume el tráfico de influencias.
A fin de mayo, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron dos allanamientos pedidos por el fiscal Miguel Moreno, a cargo de la Unidad de Delitos Complejos. Uno de los procedimientos tuvo lugar en las oficinas del financista de San Lorenzo al 1700, en el centro de Rosario, y el otro en el barrio cerrado Funes Hills Miraflores, donde reside Casanovas.
Los allanamientos fueron hechos ante la sospecha de que el agente de bolsa, imputado por reiteradas estafas en el marco del default de su grupo empresario, hizo acuerdos con acreedores por fuera del concurso de acreedores en marcha de sus distintas empresas.
Precisamente, en esos últimos allanamientos se encontraron pruebas de la compra de créditos que hizo para lograr el cierre de los concursos de acreedores de sus distintas empresas.
Es más, esos allanamientos fueron disparados por 4 denuncias de presuntas colusiones, pero allí encontraron documentación que dan indicios de la existencia de unas 40 colusiones en las convocatorias de acreedores de dos de sus empresas, Cereales del Sur y RosarioE Trade, que cayeron en 2019 provocando millonarias pérdidas en sus clientes.
Casanovas logró acuerdos de acreedores para esas dos compañías, que fueron homologados por la Justicia Civil y Comercial, pero fiscales y querellantes encontraron documentación de pagos que habría hecho (en paralelo a las propuestas concursales) a un grupo de acreedores para comprar sus votos de adhesión a la oferta que presentaba en la convocatoria, lo que representa un delito.
Según fiscalía, además del delito de colusión que le permitió obtener las mayorías para cerrar los concursos, se suma que esos pagos extra se habrían realizado con dinero proveniente de las estafas a productores de granos y ahorristas. También hay sospechas de que en realidad algunos de esos pagos eran una forma de fugar capital.
Es más, entre las nuevas denuncias por estafa que se le presentarán figuran acreedores de RosarioE Trade que dicen que les dejó de pagar a poco de haberse cerrado el concurso.
Las precisiones del caso se conocerán durante la audiencia imputativa que se realizará el miércoles próximo, pero trascendió que la base de las imputaciones estaría entre los 8 y los 10 millones de dólares.
