La posibilidad de que el Gobierno modifique el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) encontró una respuesta inusual: toda la cadena de la carne salió a defender la continuidad del organismo.

Las cuatro entidades de la Mesa de Enlace —Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro—, junto con las principales cámaras frigoríficas exportadoras y de consumo interno, difundieron un documento conjunto en el que expresan un "firme respaldo institucional" al IPCVA y rechazan cualquier modificación que altere su funcionamiento.

El pronunciamiento surge luego de conocerse un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que propone cambios en el sistema de financiamiento del organismo.

El punto que genera mayor rechazo

El principal cuestionamiento del sector apunta a la posibilidad de reemplazar el aporte obligatorio por un esquema voluntario.

Para las entidades, esa alternativa no representa una simple modificación administrativa, sino que implicaría "sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA".

La advertencia no es menor. El instituto se financia exclusivamente con aportes privados de productores y frigoríficos y, según destacan las entidades, no recibe recursos del Tesoro Nacional.

"No es un organismo estatal"

Uno de los argumentos centrales del documento busca despejar una discusión instalada desde el Gobierno.

Las entidades remarcan que el IPCVA nació por iniciativa del propio sector privado mediante la Ley 25.507 y que sus recursos provienen exclusivamente de la cadena bovina.

Actualmente los productores aportan el equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna, mientras que la industria frigorífica contribuye con otro 0,03%.

El argumento económico

El sector sostiene que el instituto permitió durante dos décadas abrir mercados internacionales, posicionar la marca Carne Argentina y sostener vínculos sanitarios con los principales compradores del mundo.

Incluso recuerda que entre un 3% y un 5% del presupuesto anual del IPCVA se destina a colaborar con acciones del SENASA, un dato que busca mostrar que el organismo también fortalece la política sanitaria del país.

"Sería un retroceso"

Las entidades sostienen además que la Argentina destina menos recursos a la promoción internacional que otros competidores como Australia, Estados Unidos, Uruguay o el Reino Unido, donde también existen organismos similares e incluso reciben financiamiento estatal complementario.

En ese contexto, consideran que debilitar al IPCVA significaría perder competitividad en un mercado internacional cada vez más disputado.

Un frente pocas veces visto

Uno de los datos políticos del documento es la amplitud del respaldo.

Firmaron las cuatro entidades rurales nacionales junto con el Consorcio ABC, CADIF, CICCRA, FIFRA y UNICA, es decir, prácticamente toda la representación institucional de la producción y de la industria frigorífica argentina.

El mensaje es claro: más allá de las diferencias sectoriales, el eventual cambio en el IPCVA logró unificar a productores y frigoríficos detrás de un mismo objetivo.