El Gobierno nacional decidió actualizar el marco regulatorio de la educación pública de gestión privada sin aportes estatales con el objetivo de que el valor de las cuotas pueda ajustarse al resto de los bienes de la economía y no se generen aumentos arbitrarios motivados por la incertidumbre.

A propuesta del Ministerio de Capital Humano, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la derogación del Decreto Nº 2417/1993, que obligaba a los colegios a informar, antes de noviembre de cada año, el importe de la matrícula y el monto de cada una de las cuotas del ciclo lectivo siguiente. Este régimen empujaba a los colegios a fijar aumentos anticipados en base a proyecciones arbitrarias y sin información certera sobre la macroeconomía futura, lo que daba como resultado que el precio de la educación terminara aumentando considerablemente por encima del resto de los bienes de la economía.

Los datos muestran que, por ejemplo, en 2024 la inflación general fue de 117,8% pero las cuotas escolares subieron un 169% (+44% extra). Así, lejos de dar previsibilidad a las familias, al impedir los ajustes mensuales, el esquema vigente provoca que las familias deban destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a la educación de sus hijos.

Con la derogación del decreto 2471/93 y la habilitación de los ajustes graduales en las cuotas, se beneficia sustancialmente a las familias, ya que esto permitirá estabilizar su gasto respecto al resto de partidas. En este contexto, cada colegio podrá definir sus aranceles de manera realista, en función de sus costos y posibilidades, dentro de un marco claro y transparente. Con ajustes graduales y realistas, las cuotas podrán acompañar la evolución de la economía sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos.

La iniciativa alcanza a las escuelas privadas sin aportes estatales, que representan cerca del 6% del total de establecimientos educativos de la Argentina, aproximadamente 2.000 instituciones distribuidas en todo el país. Con esta actualización, los requerimientos y procesos para la educación pública de gestión privada quedan alineados con los del régimen federal vigente, que rige para otras entidades educativas como son las Universidades o Institutos, que no están sujetos a la restricción que estipula el Decreto 2417/93 y nunca han tenido dificultades en su funcionamiento.

Según el texto oficial, la modificación “favorece un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando la sostenibilidad de su labor y el derecho a una educación de calidad”. La norma instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar y actualizar las pautas del Decreto N.º 2542/1991, con el fin de consolidar un esquema más claro y acorde a la realidad económica del país.

Esta actualización permite construir un entorno más equilibrado y sustentable para las instituciones escolares y las familias, favorece la competencia y fortalece la sostenibilidad del sistema.