El Gobierno de Santa Fe dispuso la prohibición de exportar cualquier especie de pescado capturada en los ríos de la provincia, así como la suspensión de la entrega de licencias de acopio destinadas a la exportación, hasta el 1° de octubre de 2026. La resolución está firmada por los ministros de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

“Suspender por el plazo de un año calendario, toda actividad de acopio de pescado con destino a la exportación del mismo o de subproductos, cualquiera sea la especie, cuyos ejemplares hayan sido capturados en territorios y ambientes del río Paraná, sus afluentes y cualquier curso de agua natural en jurisdicción de la provincia de Santa Fe”, indica el documento.

El segundo artículo aclara que la prohibición es para “licencias por acopio de categoría A, en lo referido a la actividad de comercialización y transporte con destino a la exportación”.

En cambio, exceptúa “al acopio y comercialización del pescado o de subproductos destinado al mercado interno y a las acopiadoras categorías A que acrediten que el pescado o subproductos destinados a la exportación provengan de la acuicultura”.

Se trata de la segunda medida tomada en una semana por la provincia en el mismo sentido. Desde el sábado 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025, el Gobierno implementó una veda para la pesca comercial y deportiva del surubí.

Entre las primeras repercusiones, el diputado provincial Fabián Palo Oliver apoyó "esta trascendental medida" que no tiene antecedentes y recordó que "en el año 2020 iniciamos una acción colectiva tendiente a la protección del recurso ictícola". 

"La suspensión del acopio para la exportación responde a una coyuntura, pero sin dudas debe ser el punto de partida de un abandono de la producción extractiva que beneficia a unos pocos y priva a toda la comunidad de los recursos naturales", agregó desde sus redes sociales.

Efectos de la medida

En el sector exportador: la prohibición apunta directamente a los frigoríficos y acopiadores que destinan pescado de río a mercados externos. Esto puede traducirse en caída de volúmenes exportados, aumento de costos logísticos o búsqueda de nuevos mercados internos.

En los productores y pescadores artesanales: dependiendo de cómo se articule la medida, podrían quedar limitadas las salidas de especies para la exportación, lo cual puede afectar ingresos y empleo asociado. Por otro lado, podría abrirse una oportunidad para reconvertir cadena de valor hacia mercado interno o productos con mayor procesamiento.

En el mercado interno y valor agregado: la medida puede incentivar que una mayor proporción de la pesca comercial se destine al consumo interno, con transformación en filetes, subproductos o consumo directo, lo cual podría generar nuevos nichos y también mayores exigencias en calidad, trazabilidad y logística. De hecho, en Santa Fe se ha señalado que el 76 % de la pesca continental se destina a exportación y sólo 24 % al mercado interno.

En el ecosistema y sustentabilidad: si la medida se implementa con controles eficientes, podría contribuir a la recuperación de poblaciones ictícolas, mejor estado de los ríos y una pesca más cuidadosa. Pero sin fiscalización y medidas complementarias, existe riesgo de pesca ilegal, caída de tallas medias o fuga de especies hacia mercados informales. De hecho, ya se han dado decomisos importantes de pesca ilegal en la provincia.