El Gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma tributaria que tiene un objetivo central: eliminar de manera gradual el impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como impuesto al cheque, con un horizonte que se extendería hasta 2028.
La iniciativa forma parte del paquete de cambios impositivos que prepara el equipo económico y que busca reducir la presión tributaria sobre la actividad privada sin comprometer el equilibrio fiscal, una de las principales premisas de la administración de Javier Milei.
Según el esquema que se analiza, la eliminación no sería inmediata. El mecanismo consistiría en ampliar progresivamente la posibilidad de computar el impuesto al cheque como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias hasta alcanzar el 100%, para luego avanzar hacia su desaparición definitiva.
El impuesto al cheque fue creado en 2001 como una medida transitoria durante la crisis económica, pero con el paso de los años se convirtió en una de las principales fuentes de recaudación del Estado. Sin embargo, economistas y tributaristas coinciden desde hace tiempo en que se trata de un gravamen distorsivo, ya que encarece las operaciones bancarias, desalienta la formalización y aumenta los costos de las empresas.
La eventual eliminación del tributo se complementaría con otras modificaciones relevantes dentro de la reforma tributaria. Entre ellas aparecen la unificación de las alícuotas del IVA, una reducción gradual de la tasa general y cambios en el Impuesto a las Ganancias para empresas y personas físicas, siempre supeditados a la evolución de las cuentas públicas.
Desde el Ejecutivo sostienen que cualquier reducción de impuestos deberá convivir con el objetivo de preservar el superávit fiscal, por lo que el cronograma dependerá del crecimiento económico y de la capacidad del Estado para compensar la pérdida de recaudación.
Para el sector privado, la eliminación del impuesto al cheque representa uno de los reclamos históricos. Su desaparición implicaría una reducción de costos financieros, un incentivo para la bancarización y una mejora en la competitividad de las empresas, especialmente para aquellas con un alto volumen de transacciones.
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