El Gobierno nacional avanzó con una modificación técnica en la normativa que regula la calidad de las naftas con el objetivo de amortiguar futuras subas en los surtidores, en un contexto de fuerte presión internacional sobre los precios del petróleo.

La medida fue oficializada por la Secretaría de Energía mediante una resolución que eleva el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas hasta el 5,6%, lo que habilita a las refinadoras a incrementar de forma voluntaria la incorporación de bioetanol en las mezclas.

Menor dependencia del crudo

Según el Gobierno, el cambio apunta a reducir la dependencia del petróleo importado y a darle mayor flexibilidad operativa a las empresas refinadoras frente al encarecimiento del crudo en los mercados internacionales. La normativa no modifica el corte obligatorio vigente de biocombustibles, sino que amplía el margen técnico para que las compañías puedan aumentar la proporción de bioetanol si lo consideran conveniente.

En términos prácticos, la resolución permite que las naftas puedan alcanzar hasta un 15% de bioetanol dentro de los estándares de calidad establecidos, una opción que hasta ahora estaba limitada por parámetros técnicos más estrictos.

Desde el Ejecutivo sostienen que esta flexibilización busca desacoplar parcialmente el precio interno del combustible del valor internacional del petróleo, que viene mostrando volatilidad por tensiones geopolíticas y factores financieros globales.

Impacto en precios y mercado energético

El ajuste normativo aparece en un escenario complejo para el mercado local de combustibles. Durante los últimos meses, los aumentos sucesivos en naftas y gasoil presionaron sobre la inflación y afectaron el consumo, mientras las ventas mostraron retrocesos interanuales.

Al permitir una mayor participación del bioetanol —producido principalmente a partir de caña de azúcar y maíz— el Gobierno busca generar una alternativa de menor costo relativo frente al petróleo, además de impulsar la cadena de los biocombustibles.

Especialistas del sector energético señalan que el efecto final sobre los precios dependerá de la adopción que hagan las petroleras y de la evolución del crudo internacional, ya que la medida no implica controles directos ni congelamientos.

Un cambio técnico con objetivos económicos

La resolución se presenta como una herramienta regulatoria de carácter técnico, pero con impacto económico directo: otorgar mayor flexibilidad productiva para evitar traslados abruptos de costos al consumidor final.

De esta manera, el Ejecutivo intenta moderar la dinámica de aumentos en los surtidores sin intervenir directamente en la política de precios ni modificar impuestos, apostando a ajustes en la composición del combustible como mecanismo de contención.