El Gobierno nacional avanzó con una nueva flexibilización del régimen de Inocencia Fiscal al permitir que los grandes contribuyentes también puedan declarar dólares y otros activos que permanecían fuera del circuito formal, una medida que busca incentivar la incorporación de ahorros a la economía registrada.
La decisión representa un cambio respecto de las condiciones iniciales del esquema, que estaba orientado principalmente a contribuyentes de menor escala y excluía a quienes eran considerados grandes contribuyentes por la administración tributaria. Con esta ampliación, el Ejecutivo busca extender el alcance del programa y captar una mayor cantidad de fondos actualmente mantenidos fuera del sistema financiero.
El régimen de Inocencia Fiscal fue presentado por el Gobierno como una reforma destinada a modificar el enfoque de control tributario, reduciendo la carga administrativa sobre los contribuyentes y otorgando mayor previsibilidad. Entre sus principales características se encuentra la simplificación de las declaraciones impositivas y la reducción de los controles sobre variaciones patrimoniales para quienes adhieran al sistema.
Además, la normativa contempla incentivos para que los ahorros en dólares ingresen al sistema formal. Entre ellos, se estableció que los intereses generados por depósitos en moneda extranjera estarán exentos de determinadas retenciones impositivas, con el objetivo de fomentar la bancarización de esos fondos.
Desde el oficialismo sostienen que la medida apunta a movilizar recursos que hoy permanecen fuera del circuito económico y fortalecer el financiamiento de la actividad productiva. Sin embargo, la ampliación del beneficio hacia grandes contribuyentes podría generar debate político y fiscal debido al perfil de los contribuyentes alcanzados.
Especialistas señalan que el impacto final dependerá de la confianza que genere el esquema y de la capacidad del Gobierno para garantizar estabilidad normativa en el tiempo. También advierten que, aunque el régimen facilita la formalización de activos, no elimina las obligaciones tributarias ni los controles vinculados con la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros.
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