La privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay ingresó en su etapa más delicada y explosiva. El proceso licitatorio impulsado por el Gobierno de Javier Milei para concesionar durante 25 años el principal corredor exportador del país quedó envuelto en un escenario inesperado: las dos compañías finalistas presentaron exactamente la misma oferta económica, lo que dejó la definición atada a detalles técnicos mínimos y abrió una nueva ola de sospechas, tensiones políticas y denuncias sobre transparencia.

La compulsa enfrenta a dos gigantes belgas del dragado internacional: Jan De Nul —asociada con la firma argentina Servimagnus— y DEME. Ambas buscan quedarse con uno de los contratos de infraestructura más grandes de la historia reciente argentina, valuado en más de USD 10.000 millones y estratégico para el comercio exterior nacional.

La Hidrovía no es una concesión más. Por esa vía navegable circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas y gran parte del comercio regional del Mercosur. Quien controle el dragado, mantenimiento y señalización de ese corredor tendrá influencia directa sobre los costos logísticos, la competitividad exportadora y el flujo comercial de buena parte de Sudamérica.

El empate económico entre las dos empresas generó sorpresa. Las compañías presentaron exactamente la misma propuesta económica en los tres tramos previstos por el pliego: USD 3,80 para la etapa 0, USD 4,65 para la etapa 1 y USD 5,78 para la etapa 2. 

En total, el recorrido completo de la Hidrovía quedó cotizado en USD 14,23, una cifra que implicaría una reducción cercana al 15% respecto del peaje actual y un ahorro estimado de entre USD 35 y USD 40 millones anuales para los usuarios del sistema.

La definición dependería ahora de la evaluación técnica previa, instancia donde Jan De Nul habría obtenido una ventaja leve pero decisiva. Días atrás, la firma alcanzó 66,2 puntos contra los 42,14 obtenidos por DEME en la evaluación técnica oficial.

Ese detalle podría inclinar el desenlace hacia la empresa que ya tuvo protagonismo histórico en la Hidrovía argentina. Jan De Nul fue operadora durante décadas y mantiene una fuerte estructura local, algo que en el sector interpretan como un diferencial operativo y político clave.

Sin embargo, la definición quedó rápidamente contaminada por acusaciones cruzadas y cuestionamientos institucionales. Las observaciones apuntan a posibles falencias en cláusulas anticorrupción, criterios de evaluación de ofertas, mecanismos de cesión contractual y ausencia de estudios ambientales integrales. La oposición política también elevó la presión y reclama suspender el proceso hasta garantizar mayores controles y transparencia.

El contexto agrava todavía más la tensión. El Gobierno de Milei ya había intentado avanzar anteriormente con la privatización, pero aquella licitación terminó anulada en medio de denuncias y controversias.

Ahora, con dos oferentes en carrera y un empate económico casi imposible de anticipar, la definición amenaza con transformarse en una batalla política, judicial y empresarial de escala internacional.

La Casa Rosada apuesta a mostrar la licitación como un símbolo de apertura económica y modernización logística. Desde el oficialismo sostienen que la nueva concesión permitirá reducir costos, incorporar tecnología y fortalecer la competitividad exportadora argentina.

La disputa no es solamente económica: también representa una señal política sobre el modelo de país que impulsa el Gobierno. La Hidrovía se transformó en uno de los emblemas de la estrategia libertaria de privatizaciones, desregulación y retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas.

Mientras tanto, el sector agroexportador sigue de cerca cada movimiento. La eficiencia logística del corredor fluvial impacta directamente sobre costos, competitividad y volumen de exportaciones, en un momento donde el Gobierno necesita desesperadamente dólares genuinos para sostener reservas y estabilizar la economía. 

Con ofertas idénticas, diferencias técnicas mínimas y denuncias cada vez más fuertes, la privatización de la Hidrovía dejó de ser solamente una licitación. Se convirtió en una prueba política decisiva para el Gobierno de Milei y en una pulseada multimillonaria cuyo desenlace podría redefinir el mapa del poder logístico y exportador argentino durante las próximas décadas.