La Policía Federal realizó este miércoles once allanamientos y detuvo al menos siete personas, entre ellas un ex funcionario de Seguridad de la provincia en Rafaela.

Según adelantó la periodista Ivana Fux en A Diario (Radio 2) desde Santa Fe, la orden de esos procedimientos la dio el fiscal Martín Castellano de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos.

Entre los imputados por delitos de amenazas coactivas, abuso de armas y privación de la libertad está el abogado Agustín Andereggen, ex integrante del Ministerio de Seguridad del Nodo Rafaela durante la gestión del Frente Progresista (del hoy diputado provincial Maximiliano Pullaro) y ex responsable de los Centros Territoriales de Denuncias (CTD) de esa región.

La investigación está vinculada a dos balaceras, contra una casa y un comercio, relacionados a un hombre que tendría una deuda importante de juego clandestino.

Además de las detenciones, se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos automóviles y teléfonos celulares.

En paralelo, llamó la atención que el fiscal que ordenó esos procedimientos quedó también en la mira de la comisión de Acuerdos de la Legislatura, uno más en la sucesión que se inició con los ya detenidos Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad.

A pedido de los senadores del PJ que integran esa comisión, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) deberá enviar las actuaciones de Castellano en una denuncia por juego clandestino contra Leonardo Peiti, el mismo que denunció haber pagado coimas a Serjal y Ponce Asahad, y por eso es imputado colaborador.

Los legisladores quieren saber por qué esa causa iniciada en 2017 no avanzó en estos años. Analizarán si Castellano (que hoy ordenó la detención de un ex funcionario socialista) paralizó esa investigación o incumplió con su deber de fiscal.

Fiscal en la Legislatura

 

Por otro lado, este miércoles al mediodía esperaba para declarar ante la comisión de Acuerdos de la Legislatura el fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco.

Blanco está acusado de tener presuntos vínculos con personas investigadas por delitos de narcotráfico y habría incluso material probatorio con escuchas del integrante del MPA.