El Concejo municipal dio despacho favorable y tratará este jueves en el recinto el Plan de Sostenibilidad Patrimonial presenado por Pablo Javkin que tendrá el objetivo de profundizar la preservación de la historia construida de la ciudad y promover su puesta en valor y sostenibilidad.
De esta manera, el patrimonio edilicio de Rosario tendrá un nuevo marco normativo que incluye la creación de los Derechos de Edificación Transferibles; la modificación del Inventario y Catalogación de Bienes del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Urbanístico; y un proyecto de articulación general.
El acuerdo se logró este miércoles en el marco de la reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento y Gobierno, de la que participaron concejales de todo el arco político en el Salón de los Acuerdos del Palacio Vasallo.
También se analizó este miércoles la recalificación urbanística en Batlle y Ordóñez al 5200 vinculada a un emprendimiento industrial. Fiatti destacó el rol del Fondo de Preservación y la idea de avanzar en la puesta en valor de fachadas en acuerdo con los propietarios, con una primera etapa centrada en las peatonales Córdoba y San Martín y en inmuebles de protección directa integral. El intendente Pablo Javkin había presentado en septiembre el Plan de Sostenibilidad Patrimonial (PSP), para modernizar y hacer más eficaz la protección de los inmuebles de valor histórico y ambiental de Rosario. Los objetivos principales son: Simplificación del sistema patrimonial Derechos de Edificación Transferibles (DET) El sistema funcionará entre zonas emisoras (donde están los edificios protegidos) y zonas receptoras, que serán siete corredores urbanos, entre ellos: San Martín, Mendoza, Rondeau, Alberdi, Santa Fe, Seguí y Avellaneda. Nuevos instrumentos de financiamiento El plan propone dos modalidades principales de financiamiento (público para bienes estatales y privado mediante los DET) y la reducción de herramientas de intervención a tres, para facilitar la gestión y los acuerdos. Patrimonio ambiental Por primera vez, se incorpora la protección de espacios naturales, especies arbóreas y paisajes urbanos, integrando criterios de sustentabilidad en la planificación patrimonial.Tres ordenanzas para preservar el patrimonio
El concejal oficialista Fabrizio Fiatti explicó que el mensaje enviado por el Ejecutivo contempla tres propuestas que darán origen a igual cantidad de ordenanzas, orientadas a proteger y recuperar el patrimonio arquitectónico de la ciudad.
“Se democratiza el acceso a la conservación patrimonial y se fijan reglas de juego comunes”, aseguró el edil, quien subrayó que la ordenanza de Convenios Urbanísticos continuará vigente.El proyecto del Ejecutivo
Ejes centrales del plan:
El PSP reduce los grados de protección de ocho a cuatro, con el fin de ordenar y fortalecer la normativa:
Grado 1: Protección directa total —inmuebles emblemáticos, públicos o privados—. No se permiten modificaciones.
Grado 2: Protección directa parcial —permite intervenciones controladas—.
Grado 3: Protección indirecta —propiedades vecinas a bienes patrimoniales—.
Grado 4: Nuevo: Patrimonio ambiental —árboles, paisajes, espacios públicos y áreas naturales—.
Rosario cuenta con 5.656 inmuebles catalogados, superando incluso a Buenos Aires y Córdoba. El nuevo esquema eleva los bienes con máxima protección de 66 a más de 100.
Es la herramienta más innovadora del plan. Permite que un propietario de un inmueble patrimonial transfiera los derechos de edificación (altura o metros constructivos) que no puede usar por su protección, a otro terreno en una zona receptora.
Así, el dueño obtiene un beneficio económico para financiar la conservación de su edificio, mientras se incentiva el desarrollo urbano equilibrado en otras áreas.
El intendente remarcó que la iniciativa combina preservación y desarrollo urbano, tomando modelos aplicados en ciudades de todo el mundo. 
Observaciones y reparos en el Concejo
La concejala María Fernanda Gigliani advirtió sobre la posibilidad de un “escenario de desigualdad jurídica” y pidió que la norma priorice la regla general sobre las excepciones. También señaló discrecionalidades en el acceso al Fondo de Conservación y reclamó criterios claros para el Inventario y la Catalogación de los bienes protegidos.
Por su parte, Alicia Pino propuso establecer un monitoreo y evaluación cada tres años para garantizar la sostenibilidad del sistema. Recordó que el Ejecutivo trabaja desde 2019, junto con la Facultad de Arquitectura de la UNR y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, en un nuevo inventario.
Desde Ciudad Futura, Jesica Pellegrini analizó los efectos jurídicos de la propuesta y su vínculo con el dominio de la propiedad. Remarcó que la iniciativa introduce “un nuevo derecho y un reconocimiento por parte del Estado” al sector privado, que hasta ahora sólo veía limitada su capacidad constructiva por criterios arquitectónicos.
El radical Agapito Blanco coincidió en la urgencia de actuar frente al deterioro del patrimonio urbano y pidió más herramientas para el Estado. “Hay que dar opciones, pero también poner límites a los usos comerciales que atenten contra el valor histórico”, sostuvo.
En tanto, Mariano Romero puso el foco en la necesidad de garantizar control estatal ante incumplimientos. Valoró la inclusión de la figura del seguro de caución, aunque reclamó modificar la redacción del artículo 13 para que no quede su aplicación a discreción del gobierno de turno. Su planteo fue acompañado por Blanco y Pino.
Juan Monteverde propuso cambios conceptuales: “No deberíamos hablar de derechos, sino de capacidad constructiva intransferible. Si lo llamamos derecho, cualquiera podría reclamarlo en el futuro, y eso va contra el espíritu de la norma”.
A su turno, Julia Irigoitia alertó sobre la falta de parámetros para fijar el valor del metro cuadrado, lo que —dijo— puede abrir la puerta a la especulación.Batlle y Ordóñez 5200
El segundo punto del orden del día giró en torno a un convenio urbanístico productivo para la recalificación de terrenos ubicados en avenida Batlle y Ordóñez al 5200. El objetivo es regularizar actividades industriales y logísticas ya existentes y adecuar la zonificación a su uso actual.
Fiatti explicó que el proyecto “no implica transformación ni generación de residuos” y propuso duplicar el monto de la compensación, incorporando una cuota sancionatoria y destinando parte de esos fondos al Programa Frutihortícola.
Blanco, por su parte, relató los antecedentes del caso: un privado que compró tierras frutihortícolas a menor valor, construyó galpones sin habilitación y fue intimado y clausurado varias veces. “Ahora se busca una salida que preserve los puestos de trabajo pero también marque un precedente: la multa debe tener un efecto disuasorio”, afirmó.
Desde la oposición, Norma López pidió definir con claridad las penalidades y los montos, mientras que Gigliani consideró que la compensación debería ser superior a la mitad del valor propuesto, por la pérdida de superficie frutihortícola. “Se termina regularizando lo hecho en forma de transgresión”, advirtió.
Irigoitia y Monteverde insistieron en que el convenio debe detallar el destino específico de los fondos, evitando que ingresen a Rentas Generales.
En tanto, Alicia Pino presentó una cláusula ambiental para asegurar que el acuerdo no habilite actividades contaminantes y que el municipio garantice el control correspondiente.
Finalmente, el concejal Carlos Calatayud sugirió establecer un protocolo de demolición rápida para casos de incumplimiento reiterado.
Tanto los bloques del peronismo como Ciudad Futura condicionaron su apoyo al proyecto a la definición precisa del uso del suelo y del destino de la compensación.
El debate continuará en próximas reuniones, donde se buscará cerrar los textos finales de las ordenanzas que marcarán el nuevo rumbo de la preservación patrimonial y el ordenamiento urbano productivo de Rosario.
