La Sala B de la Cámara Federal de Rosario rechazó los planteos de extinción de la acción penal por prescripción que fueron formulados por dos de los siete militares retirados que se encuentran procesados por el robo de armas del Batallón de Arsenales 603, de Fray Luis Beltrán.
La sustracción de armamento, que incluyó 43 fusiles FAL y centenares de piezas, se detectó a comienzos de 2011 y generó un expediente federal que estuvo en un limbo durante 14 años. Hasta que el exjuez federal Marcelo Bailaque dictó en mayo de este año, un mes antes de renunciar, los procesamientos por peculado, incumplimiento a los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público. La indagatoria recién se llevó a cabo en 2023. La pretensión de la Fiscalía Federal, a cargo de Javier Arzubi Calvo, es sumarles a los exmilitares el delito de contrabando agravado en carácter de partícipes necesarios, ya que se ha detectado la presencia de fusiles del Ejército Argentino en manos de organizaciones criminales en Paraguay y Brasil, como ocurrió en la sangrienta redada contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro el mes pasado.
El fallo de los camaristas Fernando Barbará, Silvina Casiello y María Villate, firmado este miércoles, refrendó lo resuelto por el juez federal Carlos Vera Barros, ahora a cargo del Juzgado Federal Nº 4, que el 30 de septiembre de 2025 rechazó la extinción de la acción penal por prescripción, tal como pretendían las defensas de algunos de los siete militares procesados. La mayoría de ellos se retiró en 2012.
Los exmilitares Alejandro Holm, José Dilsizian, Arnaldo Trossero, Marcelo Cloux, Gustavo Montiel, Héctor Mastrachio y Federico Otero son quienes están procesados en esta investigación rezagada. Es importante recalcar que uno de los principales involucrados, Hernán Diego Solís, jefe de la sección Armamento del Batallón 603, se suicidó en 2011, cuando esta historia comenzaba a destaparse.
Se les atribuye la sustracción de 43 fusiles FAL completos, centenares de cajones de mecanismos, cañones, correderas y cerrojos para armar al menos 400 de estas armas, una pistola, una ametralladora, entre otros elementos que desaparecieron del depósito de armamento y repuestos de armamento del Batallón 603.
El expediente se generó con el parte preventivo presentado por el entonces jefe del Batallón de Arsenales 603, coronel Enrique Battezzati, quien el 19 de febrero de 2011, por instrucciones de sus superiores, verificó si el fusil FAL Nº 15.214 se encontraba en el depósito de armamento y detectó la faltante del mismo.
Ocurre que una parte de ese FAL había sido incautada ocho días antes, el 11 de febrero, en un procedimiento de la Policía Federal de Brasil en la ciudad de Araçatuba, San Pablo, armado con distintas piezas con distintas numeraciones, incluida la 15.214, y la inscripción Ejército Argentino D.G.F.M. – F.M.A.P.
Uno de los detenidos en ese procedimiento en Brasil, Getulio Morgado Sánchez, figuraba en informes como traficante de armas. Dentro de su Chevrolet Vectra, la policía brasileña incautó 105 municiones para fusil, 335 calibre nueve milímetros, 6 calibre .357, dos cargadores de fusil, dos cargadores Glock 9 mm, dos miras láser, un fusil desmontado en varias piezas con las inscripciones Fabrique Nationale D’Armes de Guerre Herstal Belgique y Ejército Argentino, con numeración 15.214, una pistola Glock y un revólver Taurus.
Es decir, que la faltante del 15.214, que estaba en propiedad de un narco brasileño, desembocó en una inspección general en el Batallón 603 de “San Lorenzo” que culminó con corroborar el faltante de 43 fusiles FAL completos y centenares de piezas con las que, se calcula, se podrían componer 400 armas.
En septiembre, cuando el juez federal Carlos Vera Barros rechazó el pedido de extinción de la causa por prescripción, dijo que “resulta de suma importancia no perder de vista la gravedad de las maniobras investigadas, las cuales trascendieron las fronteras del país (conforme surge de los procedimientos policiales realizados en el Brasil y Paraguay, y teniendo presente los procedimientos realizados recientemente en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, que son de público conocimiento) y tienen incidencia en la seguridad nacional y pueden comprometer la responsabilidad internacional de la Nación Argentina”.
