Intimado por la Justicia federal, la administración libertaria finalmente reglamentó la ley de Discapacidad que había vetado. Tenía fecha hasta el 4 de febrero y, efectivamente, este miércoles, aprobó la recglamentación con el decreto 84/2026 publicado en el Boletín Oficial, aunque con varios considerandos que dejan en claro que el Gobierno mantiene su apelación, cuestionando la validez del fallo que forzó esta implementación.
Fue el juez federal de Campana, Adrián González Charvay el magistrado que invalidó el decreto que suspendía la vigencia de la ley e intimó el Gobierno a cumplirla, tras la apelación del Ejecutivo en diciembre.
En una resolución dictada el 20 de enero, en plena feria judicial, González Charvay intimó al Estado Nacional para que “en el plazo de cinco (5) días informe y acredite con las constancias respectivas, el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia” dictada en la causa, bajo “apercibimiento”. Y advirtió que la normativa “deberá estar en plena ejecución” el día 4 de febrero de este año. Además, lo intimó a acreditar el avance de la implementación de la norma.
El Ejectuvo entonces reglamentó sobre el límite judicial la reclamada ley con una serie de considerandos que establece un nuevo marco operativo para el sector. A saber:
- Centralización en Salud: La Secretaría Nacional de Discapacidad queda bajo la órbita del Ministerio de Salud. El objetivo es unificar la dimensión sanitaria con la protección social y el acceso a derechos, bajo el modelo social de la discapacidad.
- Nuevo régimen de pensiones: Se crea la "Pensión no cntributiva por discapacidad para protección social". La autoridad de aplicación realizará una conversión de oficio de los beneficios anteriores, lo que implicará un proceso de relevamiento y verificación de todas las pensiones vigentes.
- Fomento de la inclusión laboral: El decreto busca que el cobro de la pensión no sea un obstáculo para el empleo, estableciendo reglas de compatibilidad que permitan a los beneficiarios insertarse en el mercado de trabajo sin perder la protección estatal.
- Auditorías y control federal: Se instruye la realización de auditorías periódicas y se le otorga un rol protagónico al Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis). Este organismo será el encargado de acordar los criterios socioeconómicos para el acceso a las prestaciones.
- Financiamiento compartido: En un contexto de ajuste fiscal, el texto aclara que las nuevas medidas se implementarán mediante esquemas de cofinanciamiento entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sujetos a la disponibilidad presupuestaria de cada jurisdicción.
