Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe denunciaron que Nación rescindió el contrato con las empresas que debían realizar ocho jardines en la provincia y por eso las obras quedaron paradas. Este sábado la noticia generó críticas desde la oposición y una aclaración desde Cambiemos.

Norma López, concejala del Frente para la Victoria, criticó la suspensión de los trabajos y recordó que en 2013, el socialismo tampoco firmó los convenios con Nación para la construcción de jardines y playones deportivos.

"En el 2013, junto a Roberto Sukerman, nos reunimos con el entonces Ministro de Educación, Alberto Sileoni, para poner en conocimiento al municipio de Rosario sobre los convenios a adherir y así construir jardines de infantes. El socialismo nunca firmó y por lo tanto no se hicieron. Como si eso fuese poco, ahora el PRO suspende los pocos que había proyectados", indicó Norma López.

Además, la jefa de bloque del Frente para la Victoria en el Concejo remarcó que la ordenanza de su autoría para crear jardines maternales municipales "pese a estar aprobada nunca fue implementada".

"Entre los terribles ajustes en educación que hace Cambiemos y el franco retroceso en políticas públicas del socialismo, los que pierden son siempre los mismos: el ciudadano común", reclamó la edila.

Este sábado, además, el diputado provincial de Cambiemos Federico Angelini calificó de "mentira" la suspensión de las obras aunque reconoció que los contratos sí se rescindieron.

“La empresa incumplió el contrato y se canceló. El gobierno nacional las realizará con otro método de contratación”, afirmó desde su cuenta de Twitter.

Por otro lado, El Ciudadano informó que además de los ocho jardines infantiles prometidos en junio de 2016 y ahora suspendidos (en Villa Gobernador Gálvez, Funes, Granadero Baigorria, Santo Tomé, Santa Fe, Firmat, Pueblo Esther y Alvear), Nación tampoco licitará los doce que estaban en carpeta para este mes.

Se trata de obras en Rosario, Esperanza, Soldini, San Genaro y Pérez, entre otras localidades. Así serían 20 los establecimientos suspendidos o demorados.

“Es lamentable porque tenían que hacerlos en seis meses y en muchos casos solo hicieron la plataforma. Las empresas no se pudieron hacer cargo y es responsabilidad del Estado nacional”, opinó el senador provincial Miguel Ángel Cappiello.