Los colegios electorales ya abrieron sus puertas en Bolivia, donde 3,8 millones de bolivianos están convocados a un referéndum histórico sobre el nuevo texto de la Constitución, de alto contenido indigenista y socialista que el MAS, el partido del presidente Evo Morales, aspirar a aprobar.
El presidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, José Luis Exeni, inició la jornada electoral que deberá durar ocho horas con acto protocolar en La Paz al que asistieron el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, ministros, embajadores y delegados de once misiones internacionales que llegaron como observadores electorales.
"Este es un día histórico porque por primera vez los bolivianos definirán con su voto si aprueba o no el texto de la nueva Constitución. Pero debo reiterar que el actual padrón electoral es el más confiables de toda su historia republicana", agregó.
La Corte Nacional Electoral habilitó para el referéndum a unos 3.891.397 de los casi nueve millones de bolivianos. Además también se consultará sobre la cantidad de tierra fiscal que se cederá a la iniciativa privada (5.000 o 10.000 hectáreas).
El presidente boliviano, Evo Morales, por su parte, viajó desde La Paz a la comunidad Villa 14 de Septiembre, ubicada en la región productora de la hoja de coca que está en el trópico del departamento de Cochabamba, centro de Bolivia, informó la agencia DPA.
Morales emitirá su voto en la mesa 12.498 que funcionará en la escuela rural de Villa 14 de Septiembre, tal como sucedió en las elecciones generales de 2005, en la elección de miembros de la Asamblea Constituyente de 2006, y en el referéndum de revocatoria de mandato en 2008.
"Ha llegado el día esperado, todos debemos asistir a las urnas para votar "sí" o "no" porque es importante que la gente se pronuncie sobre la nueva Constitución", exhortó Morales a través de radio "Kasachum Coca" que emite señal desde la región cocalera.
También sus ocasionales opositores, los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz y Beni, Rubén Costas y Ernesto Suárez, respectivamente, pidieron a sus seguidores que voten por el "no" y anticiparon el triunfo de esa opción para impedir la vigencia de la nueva Carta Magna.
Costas y Suárez, antes de emitir su voto, asistieron a actos religiosos en las catedrales de Santa Cruz de la Sierra y Trinidad, capitales de los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Las cadenas de televisión emitieron señales en directo de varias ciudades donde se observaban largas filas de gente dispuesta a votar en las primeras horas de la jornada dominical.
El referéndum será seguido por unos 300 observadores internacionales de diversos organismos internacionales como el Mercosur, Unión Europea, Organización de Estados Americanos y Centro Carter, entre otros.
Orientado a la integración de los pueblos indígenas o "naciones originarias", el texto garantiza "su libre determinación en el marco de la unidad del Estado" y les asegura representación en instituciones como la Asamblea Legislativa Plurinacional (que sustituirá al actual Congreso) y en el Tribunal Constitucional.
El texto también recoge la demanda autonómica de varios departamentos (provincias) del país, aunque sin las facultades de estatutos aprobados fuera de todo marco constitucional, que reivindican sus prefectos (gobernadores) opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca, los principales defensores del "No" a la nueva Carta Magna.
El proyecto establece cuatro niveles de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena, y obliga a la aprobación de una ley de Autonomías y Descentralización que regulará la elaboración de nuevos estatutos autonómicos.
En materia económica, el Estado se convierte en el "actor central" de un modelo que también reconoce la propiedad privada, comunitaria y cooperativa, con la obligación de generar "trabajo digno" y contribuir a la reducción de la desigualdad y erradicación de la pobreza.
Con esta Constitución, los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, "son propiedad inalienable del pueblo boliviano y el Estado los administrará en función del interés colectivo", por lo que asume el control y dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos estratégicos.
El nuevo texto también define el carácter de la Función Económica y Social que debe tener la tierra para no ser considerado un latifundio improductivo y pasible de ser redistribuido entre comunidades indígenas, campesinas o pequeños productores.
Una de las virtudes del proyecto -reconocida hasta por algunos de sus detractores- es su amplia carta de derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales y económicos.
Destacan en este capítulo las garantías contra la violencia de género, los derechos educativos, sanitarios o los que consagran el acceso universal a servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas o las telecomunicaciones, entre otros.
Se define a Bolivia como un Estado pacifista en el que queda prohibida la instalación de bases militares extranjeras y se garantiza el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, en el que queda vedado el ingreso, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos.
La propuesta define un Estado laico separado de la Iglesia Católica, que deja de tener el carácter de religión oficial, y se establece en igualdad de condiciones con todos los otros cultos, incluido los indígenas de los pueblos originarios.
El texto legal recoge la llamada "demanda marítima", en la que el Estado boliviano "declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le de acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo", en relación al litoral que perdió en una guerra con Chile a fines del siglo XIX.
La coca, hoja sagrada del mundo altiplánico, también tiene su sitio en la nueva Constitución ya que el Estado debe protegerla como "patrimonio cultural" y "factor de cohesión social", según un artículo que recuerda que "en su estado natural no es estupefaciente".
En la consulta de hoy los bolivianos deberán decidir por un lado sobre todo el texto constitucional y, en otra pregunta, dirimir el tamaño máximo -5 mil o 10 mil hectáreas- de las propiedades agropecuarias reconocidas legalmente.
El presidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, José Luis Exeni, inició la jornada electoral que deberá durar ocho horas con acto protocolar en La Paz al que asistieron el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, ministros, embajadores y delegados de once misiones internacionales que llegaron como observadores electorales.
"Este es un día histórico porque por primera vez los bolivianos definirán con su voto si aprueba o no el texto de la nueva Constitución. Pero debo reiterar que el actual padrón electoral es el más confiables de toda su historia republicana", agregó.
La Corte Nacional Electoral habilitó para el referéndum a unos 3.891.397 de los casi nueve millones de bolivianos. Además también se consultará sobre la cantidad de tierra fiscal que se cederá a la iniciativa privada (5.000 o 10.000 hectáreas).
El presidente boliviano, Evo Morales, por su parte, viajó desde La Paz a la comunidad Villa 14 de Septiembre, ubicada en la región productora de la hoja de coca que está en el trópico del departamento de Cochabamba, centro de Bolivia, informó la agencia DPA.
Morales emitirá su voto en la mesa 12.498 que funcionará en la escuela rural de Villa 14 de Septiembre, tal como sucedió en las elecciones generales de 2005, en la elección de miembros de la Asamblea Constituyente de 2006, y en el referéndum de revocatoria de mandato en 2008.
"Ha llegado el día esperado, todos debemos asistir a las urnas para votar "sí" o "no" porque es importante que la gente se pronuncie sobre la nueva Constitución", exhortó Morales a través de radio "Kasachum Coca" que emite señal desde la región cocalera.
También sus ocasionales opositores, los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz y Beni, Rubén Costas y Ernesto Suárez, respectivamente, pidieron a sus seguidores que voten por el "no" y anticiparon el triunfo de esa opción para impedir la vigencia de la nueva Carta Magna.
Costas y Suárez, antes de emitir su voto, asistieron a actos religiosos en las catedrales de Santa Cruz de la Sierra y Trinidad, capitales de los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Las cadenas de televisión emitieron señales en directo de varias ciudades donde se observaban largas filas de gente dispuesta a votar en las primeras horas de la jornada dominical.
El referéndum será seguido por unos 300 observadores internacionales de diversos organismos internacionales como el Mercosur, Unión Europea, Organización de Estados Americanos y Centro Carter, entre otros.
Orientado a la integración de los pueblos indígenas o "naciones originarias", el texto garantiza "su libre determinación en el marco de la unidad del Estado" y les asegura representación en instituciones como la Asamblea Legislativa Plurinacional (que sustituirá al actual Congreso) y en el Tribunal Constitucional.
El texto también recoge la demanda autonómica de varios departamentos (provincias) del país, aunque sin las facultades de estatutos aprobados fuera de todo marco constitucional, que reivindican sus prefectos (gobernadores) opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca, los principales defensores del "No" a la nueva Carta Magna.
El proyecto establece cuatro niveles de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena, y obliga a la aprobación de una ley de Autonomías y Descentralización que regulará la elaboración de nuevos estatutos autonómicos.
En materia económica, el Estado se convierte en el "actor central" de un modelo que también reconoce la propiedad privada, comunitaria y cooperativa, con la obligación de generar "trabajo digno" y contribuir a la reducción de la desigualdad y erradicación de la pobreza.
Con esta Constitución, los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, "son propiedad inalienable del pueblo boliviano y el Estado los administrará en función del interés colectivo", por lo que asume el control y dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos estratégicos.
El nuevo texto también define el carácter de la Función Económica y Social que debe tener la tierra para no ser considerado un latifundio improductivo y pasible de ser redistribuido entre comunidades indígenas, campesinas o pequeños productores.
Una de las virtudes del proyecto -reconocida hasta por algunos de sus detractores- es su amplia carta de derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales y económicos.
Destacan en este capítulo las garantías contra la violencia de género, los derechos educativos, sanitarios o los que consagran el acceso universal a servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas o las telecomunicaciones, entre otros.
Se define a Bolivia como un Estado pacifista en el que queda prohibida la instalación de bases militares extranjeras y se garantiza el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, en el que queda vedado el ingreso, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos.
La propuesta define un Estado laico separado de la Iglesia Católica, que deja de tener el carácter de religión oficial, y se establece en igualdad de condiciones con todos los otros cultos, incluido los indígenas de los pueblos originarios.
El texto legal recoge la llamada "demanda marítima", en la que el Estado boliviano "declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le de acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo", en relación al litoral que perdió en una guerra con Chile a fines del siglo XIX.
La coca, hoja sagrada del mundo altiplánico, también tiene su sitio en la nueva Constitución ya que el Estado debe protegerla como "patrimonio cultural" y "factor de cohesión social", según un artículo que recuerda que "en su estado natural no es estupefaciente".
En la consulta de hoy los bolivianos deberán decidir por un lado sobre todo el texto constitucional y, en otra pregunta, dirimir el tamaño máximo -5 mil o 10 mil hectáreas- de las propiedades agropecuarias reconocidas legalmente.
