Mientras la Municipalidad de Rosario asegura que el impuesto adicional para la recolección de residuos de pequeños y medianos comercios sigue en pie porque fue una norma aprobada por el Concejo municipal, en el Palacio Vasallo se presentaron proyectos para derogar esa tarifa que había sido sancionada en el cuerpo deliberativo local.

El edil del PJ Diego Giuliano presentó una  de las iniciativas para dejar sin efecto el pago extra y al mismo tiempo impulsar un programa de recolección diferencial de residuos que incluya a los carreros. Por su parte, el radical Jorge Boasso presentó la otra propuesta y recordó que la ordenanza que habilitó ese impuesto fue votada por la mayoría automática socialista, en la “sesión maratónica” de finales de 2011.

El juticialista Diego Giuliano criticó al municipio: “Querer recaudar a costa de los pequeños y medianos comerciantes, sin distinguir entre aquellos que generan una masa excepcional de residuos y los que no generan casi nada, es completamente injusto".

Giuliano explicó que hay comerciantes a los que se les paga por sus sobrantes como es el caso de los carniceros o los panaderos cuyos residuos se reutilizan para la fabricación de aceites, jabones, polvo de hueso o pan rallado.

“Ahora, la Municipalidad les quiere cobrar por lo que antes le pagaban y eso no es lógico”, manifestó.

“Los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad ya están sometidos a una presión tributaria muy elevada, amen de que, bajo esta nueva carga, se les obliga a pagar dos veces por lo mismo y esto es inconstitucional”, añadió el concejal justicialista.

Como contrapartida, Giuliano propone generar cooperativas, destinar recursos a capacitación y resolver la demora en el plan de separación de residuos, el incumplimiento de la ordenanza de basura cero y el problema de los carreros.

En su proyecto incluye la creación de un Programa de Recolección Diferencial de Residuos en el que deberán estar incluidos los recolectores urbanos informales de residuos.

Por su parte, Boasso también pidió la derogación argumentando que el impuesto resulta “incausado y arbitrario, constituyendo una doble imposición y generando condiciones de inequidad y desigualdad ante la ley, a los contribuyentes afectados”.

“Los comerciantes gravados por la sobretasa por la recolección de residuos ya resolvieron pedir a la Municipalidad la suspensión de la medida por 90 días. En mi caso voy más allá y lo que solicito es que se derogue el artículo que incorpora esta tarifa”, sentenció Boasso.

“Esta tarifa resulta incausada porque no existe un motivo o causa que la justifique e implica una doble imposición al contribuyente, porque dentro de la TGI ya se encuentra contemplada la gestión y recolección de residuos”, añadió el radical.