Esta vez la pelea no es por el humo de las islas. Una nueva disputa se desató entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, ahora por la llegada de chicos de la calle de la segunda provincia a la primera.
Es que según funcionarios entrerrianos, varios niños que habitualmente limpiaban vidrios, hacían malabares y pedían limosna en la capital santafesina, han migrado ahora a la capital entrerriana en busca de un “nuevo mercado”.
Es más, desde la vecina provincia dicen que este es un tema que lleva más de tres años y dijeron sentir, de acuerdo a lo declarado a la radio LT 10 de Santa Fe por Dora Jávega, Presidenta del Concejo del Menor de Entre Ríos, “hastío y frustración por la situación de vulnerabilidad y precariedad de este grupo de niños”.
La funcionaria explicó que “debido a que vimos hace tiempo que se trataba de un fenómeno social que se iba a incrementar si no lo teníamos en cuenta” comenzaron a elaborarse una serie de informes que finalmente se remitieron a Santa Fe. Sin embargo, y ante la falta de respuestas oficiales, el Estado entrerriano determinó presentar una denuncia “ante el defensor en turno porque entendemos que está en manos de la provincia de Santa Fe”.
Según Jñavega, los chicos en cuestión tienen entre 5 y 15 años y “llegan sin adultos, sin documentación, con problemas de salud, incluso de adicciones, etc.”.
El portal santafesino Notife sostiene que arriban en vehículos a los que paran en plena ruta, en colectivos que realizan el trayecto entre ambas capitales y en los cuales han abonado el boleto, o en una sospechosa camioneta que los deja en lugares estratégicos de Paraná. Es más, Jávega señaló que en no pocas oportunidades ella misma ha llevado de regreso a Santa Fe a los niños que argumentaban no tener cómo volver.
“Los operadores que trabajan en la calle fueron haciendo un relevo de estos nenes y le trasladamos la preocupación a la provincia de la cual provienen para que se generen respuestas y acciones más integrales, pero los volvemos a ver por acá”, se quejó la funcionaria entrerriana. Además agregó que muchas veces, los asistentes sociales han llegado hasta la casa familiar del chico para conocer a la familia y saber por qué el nene viaja.
Al respecto manifestó su preocupación por la suerte que puedan correr los menores a quienes ubicó como posibles víctimas de cualquier tipo de explotación, incluso trata de personas debido a que recorren a diario una de las principales rutas del Mercosur. “Muchas veces sus derechos son violados y creemos que atender eso le corresponde a la provincia de Santa Fe” afirmó.
Respuesta santafesina
Frente a las declaraciones de Jávega, salió a hablar la subsecretaria de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de Santa Fe, Luisa Donni. Si bien reconoció que existe un movimiento de personas de bajos recursos hacia lugares limítrofes con el objeto de subsistir fustigó “la liviandad con que se han dicho ciertas cosas porque me parece difamante”.
“¿Qué vamos a hacer? ¿Poner una aduana entre ambas provincias e impedir el libre tránsito de las personas en el territorio nacional?”, se enojó.
En el mismo sentido aseguró que la existencia de personas pobres “no habilita a que la funcionaria entrerriana se exprese de la manera que lo hizo porque entonces deberíamos colocar en un colectivo a todas las personas que migran y mandarlas de nuevo a sus provincias como si fueran un paquete”.
Y además negó haber recibido previamente información del tema. “Todo esto no es así, no es cierto que nos pasaron información porque no hay ningún archivo al respecto”.
Es que según funcionarios entrerrianos, varios niños que habitualmente limpiaban vidrios, hacían malabares y pedían limosna en la capital santafesina, han migrado ahora a la capital entrerriana en busca de un “nuevo mercado”.
Es más, desde la vecina provincia dicen que este es un tema que lleva más de tres años y dijeron sentir, de acuerdo a lo declarado a la radio LT 10 de Santa Fe por Dora Jávega, Presidenta del Concejo del Menor de Entre Ríos, “hastío y frustración por la situación de vulnerabilidad y precariedad de este grupo de niños”.
La funcionaria explicó que “debido a que vimos hace tiempo que se trataba de un fenómeno social que se iba a incrementar si no lo teníamos en cuenta” comenzaron a elaborarse una serie de informes que finalmente se remitieron a Santa Fe. Sin embargo, y ante la falta de respuestas oficiales, el Estado entrerriano determinó presentar una denuncia “ante el defensor en turno porque entendemos que está en manos de la provincia de Santa Fe”.
Según Jñavega, los chicos en cuestión tienen entre 5 y 15 años y “llegan sin adultos, sin documentación, con problemas de salud, incluso de adicciones, etc.”.
El portal santafesino Notife sostiene que arriban en vehículos a los que paran en plena ruta, en colectivos que realizan el trayecto entre ambas capitales y en los cuales han abonado el boleto, o en una sospechosa camioneta que los deja en lugares estratégicos de Paraná. Es más, Jávega señaló que en no pocas oportunidades ella misma ha llevado de regreso a Santa Fe a los niños que argumentaban no tener cómo volver.
“Los operadores que trabajan en la calle fueron haciendo un relevo de estos nenes y le trasladamos la preocupación a la provincia de la cual provienen para que se generen respuestas y acciones más integrales, pero los volvemos a ver por acá”, se quejó la funcionaria entrerriana. Además agregó que muchas veces, los asistentes sociales han llegado hasta la casa familiar del chico para conocer a la familia y saber por qué el nene viaja.
Al respecto manifestó su preocupación por la suerte que puedan correr los menores a quienes ubicó como posibles víctimas de cualquier tipo de explotación, incluso trata de personas debido a que recorren a diario una de las principales rutas del Mercosur. “Muchas veces sus derechos son violados y creemos que atender eso le corresponde a la provincia de Santa Fe” afirmó.
Respuesta santafesina
Frente a las declaraciones de Jávega, salió a hablar la subsecretaria de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de Santa Fe, Luisa Donni. Si bien reconoció que existe un movimiento de personas de bajos recursos hacia lugares limítrofes con el objeto de subsistir fustigó “la liviandad con que se han dicho ciertas cosas porque me parece difamante”.
“¿Qué vamos a hacer? ¿Poner una aduana entre ambas provincias e impedir el libre tránsito de las personas en el territorio nacional?”, se enojó.
En el mismo sentido aseguró que la existencia de personas pobres “no habilita a que la funcionaria entrerriana se exprese de la manera que lo hizo porque entonces deberíamos colocar en un colectivo a todas las personas que migran y mandarlas de nuevo a sus provincias como si fueran un paquete”.
Y además negó haber recibido previamente información del tema. “Todo esto no es así, no es cierto que nos pasaron información porque no hay ningún archivo al respecto”.